El Pleno de la Asamblea Nacional fiscaliza las acciones que se ejecutan ante la erosión del río Coca, en la Amazonía y que ha ocasionado daños y perjuicios a las poblaciones aledañas. Para este efecto, pidió explicaciones a los ministros de Transporte y Obras Públicas; de Energía y Recursos Naturales no Renovables; al Gerente de Petroecuador; y, al Director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
“La Asamblea y yo, como su Presidenta y como representante de mi querida Amazonía, estamos siguiendo muy de cerca las decisiones de las autoridades frente a la grave situación por la erosión del Río Coca. Estamos trabajando para que se solucione lo antes posible los problemas de las carreteras dañadas, las dificultades de transporte y los riesgos de muchas comunidades que viven a las orillas del Río Coca”, mencionó la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca.
El ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera expuso los resultados de los estudios de evaluación de obras e infraestructuras que recomiendan que las actividades a realizarse son de carácter emergente y tienen por objeto proteger la infraestructura y mantener la conectividad entre las provincias de Pichincha, Napo y Sucumbíos. “Ante la emergencia se activó la Mesa Técnica 3, la convocatoria al proceso de contratación para la construcción y mantenimiento de esta vía y, el análisis de alternativas para proteger a las poblaciones aledañas como San Luis, San Rafael, Santa Rosa de Quijos y El Reventador”, resaltó.
Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía aseguró que la erosión regresiva está detenida a 7.900 metros de la central hidroeléctrica por 192 días, la explicación técnica es que una roca de buena calidad ha impedido que el paso de la erosión se acerque al proyecto Coca Codo Sinclair. Explicó que en diciembre de 2021, antes de que se produzca el colapso, el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), suspendieron el bombeo, lo que evitó que se genere derrame de crudo. “Esta suspensión ocasionó una afectación grave que llegó a un 20% de la producción nacional, por apagar cerca de 3.000 pozos. Sin embargo, luego de un proceso técnico se recuperó la producción alcanzando el 103%”, destacó.
En su turno, Ítalo Cedeño, gerente general de Petroecuador advirtió que deben enfrentar problemas recurrentes como es el proceso eruptivo del volcán Reventador y la erosión regresiva del río Coca, que ponen en riesgo la infraestructura hidrocarburifera, ante lo cual han tomado las medidas pertinente para evitar contaminación. “Una solución definitiva, sería una ubicación de menor peligro para el SOTE y el poliducto Shushufindi-Quito, cuyo presupuesto sería de 200 millones de dólares en un plazo de ejecución de 24 meses”, informó.
Por último, Cristian Torres, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias describió las acciones ejecutadas para comprender la amenaza y analizar los riesgos, el fortalecimiento de capacidades locales (población e instituciones), prevención, atención y gestión prospectiva del riesgo. “Se prevén procesos de reinserción económica para las familias damnificadas que hayan perdido sus viviendas y medios de vida, y aplicar un bono de contingencia con enfoque al arriendo de vivienda en zonas seguras”, afirmó.
En el debate participaron 15 legisladores, quienes resaltaron la importancia de la conectividad y reclamaron la falta de vías, obras, mantenimiento y fiscalización a las mismas, así como recursos económicos para lograr una solución integral. Lucía Placencia aseguró que continuará la fiscalización a las acciones del Ejecutivo para que cada proyecto se realice con transparencia, en beneficio de las localidades, con un nuevo modelo de gestión.
El asambleísta Comps Córdova expresó la preocupación e indignación por el abandono de estas zonas. Gruber Zambrano propuso revisar las delegaciones, concesiones, atribuciones y responsabilidades que se entregaron a los gobiernos provinciales, particularmente por la vía Alóag Santo Domingo. John Vinueza afirmó que el problema de las vías es por la falta de planificación, prevención, mantenimiento y control.
La presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori aclaró que están realizando las gestiones para que el Ministerio de Obras Públicas destine los recursos para el mantenimiento de la vía Baeza - Narupa hasta Loreto – Coca, tras precisar que son más de 40 años de abandono y que se necesita una vía alternativa para conectar a la Amazonia con las demás provincias.
En este marco, el Pleno recibió en comisión general a dirigentes parroquiales de las zonas afectadas. Luis Salazar, presidente del GAD Parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda, cantón El Chaco pidió que se tome en cuenta la parte social del problema y se inviertan recursos en las fuentes hídricas de la zona.
Rolando Vélez, del GAD Parroquial de El Reventador, provincia Sucumbíos hizo énfasis en la importancia de la conectividad vial para la economía de las familias y pidió considerar todos los pasivos ambientales ocasionados en el derrame del crudo que contaminó las aguas y perjudica la salud de los habitantes.
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