La Comisión de Garantías Constitucionales avanza en el proceso de fiscalización del caso de los extrabajadores agrícolas abacaleros de la empresa Furukawa. En esta oportunidad escuchó a Luis Muñoz, viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería; Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos y a Oswaldo Andrade, de la Defensoría del Pueblo, quienes expusieron las acciones, desarrolladas en el ámbito de sus competencias sobre este tema.
Luis Muñoz señaló que esta cartera de Estado no es contraparte dentro del caso Furukawa. Indicó que en la sentencia de la Corte Constitucional dispone al Ministerio de Agricultura que verifique que las tierras de los predios cumplan su función social o ambiental para garantizar la soberanía alimentaria. Al respecto, señaló que se han visto limitados en su accionar, puesto que no han podido ingresar a los predios, debido a la prohibición de desalojo de los terrenos privados. Hasta el día de hoy existe este impedimento, precisó.
La asambleísta Fernanda Astudillo solicitó que el Ministerio de Agricultura remita información sobre el número de productores de abacá y las hectáreas que se manejan.
Por su parte, Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos enfatizó que tienen activados los derechos de protección integral para garantizar la atención a niñas, mujeres victimas de violencia intrafamiliar.
Dijo que la Secretaría de Derechos Humanos no forma parte del proceso judicial; sin embargo, participa en las convocatorias con las diferentes mesas técnicas interinstitucionales para garantizar los derechos humanos y la construcción de políticas públicas a favor de los extrabajadores de Furukawa y que este hecho no se vuelva a repetir. Señaló que desde octubre de 2021 trabajan el Plan de Acción de Derechos Humanos para el Ámbito Empresarial, con un cronograma de dos años, donde se establecen acciones concretas desde el Estado hacia empresas de toda índole.
En cambio, Oswaldo Andrade, de la Defensoría del Pueblo, señaló que en Santo Domingo de los Tsáchilas se abrió un expediente defensorial sobre el seguimiento de las acciones de reparación tras la sentencia en segunda instancia del caso Furukawa, por la cual se reconoce la vulneración de los derechos de igualdad y no discriminación, derecho al trabajo, salud, educación, seguridad social, vivienda digna y la identidad de los 123 extrabajadores.
Entre otros aspectos, señaló que, desde el 10 de enero de 2022, hacen seguimiento a las disposiciones emitidas a varias instituciones públicas, a quienes se les otorgó 8 días término para que informen las acciones emprendidas a favor de los extrabajadores en Santo Domingo, sin que hasta la presente fecha ingresen información.
Andrade mencionó que en la visita in situ, encontraron que un niño no tiene identidad, por lo que realizan las gestiones con el Registro Civil y el Ministerio de Salud para la atención médica respectiva.
JLVN/pv
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