La Comisión de Justicia y Estructura del Estado delegó a las legisladoras Sofía Espín, Dina Farinango y Jhajaira Urresta para que formen parte del equipo de trabajo que se encargará de ejecutar el plan de seguimiento y evaluación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, propuesto por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca.
Esta decisión se adoptó luego de avocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), mediante la cual encargó a esta mesa legislativa la ejecución del plan con el apoyo de la Unidad de Técnica Legislativa y la asesoría de la Segunda Vicepresidencia de la Asamblea Nacional y la segunda vocalía del CAL.
Andrés Moyón, de la Unidad de Técnica Legislativa explicó que este plan tiene como propósito conocer la aplicabilidad de la legislación en los problemas nacionales y determinar si se cumplen los beneficios para la ciudadanía.
Expresó que este proyecto contempla procesos de fiscalización, vigilar el cumplimiento o promover reformas para una mejor aplicación, para lograr el objetivo de la normativa legal que es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes o personas en situación de vulnerabilidad o riesgo.
Tras recordar que son 22 las instituciones públicas encargadas de articular acciones en este ámbito, señaló que a la Comisión de Justicia le corresponde determinar las autoridades que deberán comparecer y llevar adelante el subproceso de participación ciudadana, a través de mesas itinerantes temáticas en temas como prevención, atención y reparación de víctimas de violencia.
Además, indicó que a través de estos mecanismos se buscará información relevante, estudios, informes y propuestas que aporten a la prevención, detección y erradicación de la violencia y verificar el adecuado funcionamiento de cobertura, servicio y atención integral de las casas de acogida de mujeres victimas de violencia.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo expresó que asumen esta tarea con la responsabilidad que le caracteriza a la mesa legislativa.
Corte Constitucional
En otro orden, la Comisión de Justicia, por iniciativa de la legisladora Sofía Espín, acordó revisar la denuncia del señor Mario Miranda, presidente del Centro de Observatorio Internacional de Derechos Humanos, quien solicitó fiscalizar las supuestas irregularidades en el concurso de oposición y méritos para la renovación parcial de la Corte Constitucional e investigar las actuaciones de la comisión calificadora que lleva adelante este proceso.
Sofía Espín afirmó que llama la atención las observaciones al concurso que realizó el doctor Rafael Oyarte al presentar su renuncia a la comisión, así como la decisión de tres de los nueve postulantes de retirarse del concurso y la denuncia de Luis Sarango, por discriminación por su condición de indígena.
La legisladora enfatizó que los miembros de la Comisión de Selección son delegados de las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y, por tanto, son susceptibles de control político y tienen la obligación de rendir cuentas.
Estos criterios fueron respaldados por los asambleístas Fausto Jarrín, Ricardo Vanegas y Dalton Bacigalupo, quienes expresaron que también se debe analizar lo que está ocurriendo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Alejandro Jaramillo, presidente de la mesa legislativa anunció que se sustanciará la petición de Sofía Espín y dispondrán las respectivas comparecencias y requerimientos de información.
PV
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