La Comisión de Fiscalización y Control Político sesionará este domingo, 6 de febrero, a las 17h00, con el propósito de conocer y aprobar el informe respecto de la sustanciación de la solicitud de juicio político propuesto por Darwin Perira contra Ruth Arregui, superintendenta de Bancos, por incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la ley.
El documento recoge los argumentos de cargo y de descargo propuestos por el interpelante y por la funcionaria encausada, en su orden, así como la sistematización de los 23 testimonios rendidos por ciudadanos presuntamente perjudicados por la banca privada, expertos, defensores del cliente, así como ex y actuales funcionarios de la Superintendencia de Bancos, quienes expusieron lo que conocen respecto del ejercicio de funciones de la economista Ruth Arregui, particularmente en lo que atañe al control de las instituciones del sistema financiero.
Así mismo, el texto resume cada una de las causales propuestas por el asambleísta Darwin Pereira y se valoran las pruebas aportadas por las partes. Sobre la base de la documentación remitida y los testimonios, se establecen las conclusiones y recomendaciones que la Comisión considera pertinentes.
El pedido de juicio político de Darwin Pereira cuenta con las firmas de respaldo de 35 asambleístas. El interpelante considera que la Superintendenta de Bancos incumplió, entre otros, los artículos 1, 75, 76, 213, 225, 226, 227, 308, 309, 310, 424, 425 y 426 de la Constitución del Ecuador; 62, 63, 69, 71 y 275 del Código Orgánico Monetario y Financiero; 29 de la Ley de Seguridad Social; 2, del Libro II, Normas de Control para las Entidades del Sistema de Seguridad Social; y, 115 y 179 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Dichas causales se refieren a la calificación de Jorge Madera como delegado del Presidente de la República ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); el caso Big Money (captación ilegal de dinero) y ejercicio irregular de actividades financieras sin autorización; la renegociación de deuda entre usuarios y la banca privada; los reclamos y quejas por fraude informático y sustracción de dinero de cuentas en la banca; el pago por convenios de cooperación técnica sin seguir los procedimientos contractuales; y, la falta de control y vigilancias de las actividades del sistema financiero.
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