La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanzó en el estudio del proyecto de reformas a la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, las que deberían ser elevadas a la categoría de documento público ante notario. Esta vez escuchó la opinión de los expertos Libia Rivas y Mauricio Alarcón.
El presidente de la mesa legislativa, Alejandro Jaramillo aseveró que las comparecencias de expertos, ciudadanos, profesionales, gremios y autoridades enriquecen el proyecto, en el marco de la construcción del informe para primer debate.
Libia Rivas, experta en Derecho Parlamentario, Constitucional y presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, sugirió evaluar la eficacia o no de la norma vigente que obliga a los servidores públicos a rendir la declaración patrimonial juramentada vía electrónica, sin necesidad de elevar a escritura pública ante notario.
Aseveró que es necesario contrastar la información con la Contraloría General del Estado para determinar si la norma ha contribuido a la lucha contra la corrupción y el cometimiento de delitos contra la administración pública, como el enriquecimiento ilícito. “Una declaración a través de medios virtuales para que tenga la condición de documento público requiere la firma electrónica, de acuerdo con la legislación vigente”, señaló.
Además, recordó que según el formulario, el servidor público a más de presentar los activos y pasivos declara no estar inhabilitado para ejercer el cargo público, no estar incurso en nepotismo, no tener bienes en paraísos fiscales, no tener deudas con el Estado y que lo hace bajo juramento, lo que a su criterio amerita analizar si es suficiente para ser procesado por perjurio en caso de falsedad en la información.
De su lado, Mauricio Alarcón, activista de la democracia y defensor de los derechos humanos, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, destacó la apertura de la Comisión de Justicia para escuchar la opinión sobre el proyecto de ley. Manifestó que según la Constitución y estándares internaciones la información rendida por los servidores públicos debe ser pública, pese a lo cual la Contraloría ha declarado reservada la información contenida en la declaración patrimonial jurada.
Afirmó que la declaración patrimonial como se lo viene realizando pueden configurar otros delitos, mas no el perjurio o el falso testimonio, por lo que sostuvo que la declaración ante notario público daría más seguridad a la Fiscalía para perseguir este tipo de delitos.
Es vital trabajar para que se vuelva a formalizar la declaración ante notario público, subrayó Alarcón, al señalar que el Consejo de la Judicatura puede fijar una tasa que no afecte a la economía de los cientos de miles de servidores públicos.
Para finalizar, Alejandro Jaramillo solicitó a los comparecientes que remitan por escrito las observaciones para que sean procesadas y sistematizadas por el equipo técnico.
PV
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