Cesar Calvache y Paúl Córdova, catedráticos universitarios, comparecieron ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, con el fin de presentar sus observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Repetición, en el marco de la construcción del informe para primer debate.
César Calvache sugirió hacer algunas precisiones en torno al procedimiento para plantear una demanda en contra de servidores públicos, para viabilizar el derecho de repetición, a la vez aseveró que es necesario determinar previamente la identidad del presunto o presuntos responsables de la vulneración de derechos que obliguen al Estado al pago de una reparación económica.
Manifestó que la propuesta determina que la demanda será presentada por la máxima autoridad de la entidad, pero no aclara qué ocurre si el denunciado es la máxima autoridad, al tiempo que indicó que no se puede proponer una acción de repetición solo con base en un informe previo.
También propuso revisar las normas sobre el ámbito de la jurisdicción en la que se plantea la demanda y la competencia que sobre el tema tienen los tribunales contenciosos administrativos, de modo que la acción sea tratada en un juicio ordinario y no con un procedimiento sumario.
De su lado, Paúl Córdova sugirió revisar de manera paralela una reforma al artículo 19 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a fin de hacer efectivo el derecho de repetición. “Desde el 2016 que se creó la norma existen procesos de reparación económica o material que todavía siguen sustanciándose, pese a que se confirmó la vulneración de derechos”, expresó.
También, explicó que la ley vigente determina que cuando un proceso de garantías jurisdiccionales concluye que hubo violación de derechos cuyo responsable es el Estado, el caso pasa a la jurisdicción contencioso administrativa para cuantificar el valor económico de la reparación material. Frente a ello, propuso que la cuantificación la realice el juez de primera instancia, para evitar que las víctimas tengan que esperar un nuevo proceso legal y, con ello, garantizar la reparación material o económica, así como el derecho a la tutela judicial efectiva.
La asambleísta Johanna Moreira, directora de la sesión agradeció los aportes de los comparecientes, ya que enriquecerán el debate y la construcción de la ley.
PV
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