La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social analizó la denuncia sobre vulneración de derechos de los extrabajadores de la Prefectura de Esmeraldas, quienes piden se les permita regresar a sus puestos.
Los legisladores se solidarizaron y decidieron pedir a la Contraloría que realice de manera inmediata las auditorías y se establezcan las sanciones y responsabilidades a quien corresponda. Además, solicitaran explicaciones de las acciones tomadas por parte del Ministerio de Trabajo.
Rodrigo Castellano, abogado patrocinador, explicó que los trabajadores contratados de manera indefinida al amparo del Código de Trabajo fueron cambiados al régimen de la Losep, bajo el contrato de servicios ocasionales, situación jurídica ilegal e inhumana que provocó que dieran por terminada su relación laboral. Alertó que entre los perjudicados estaban personas que les faltaban pocos días para jubilarse.
Sonia Espinoza, representante de los extrabajadores, aseguró que desde el año 2019 se les ha vulnerado sus derechos y que fueron despedido injustamente cuando iniciaba la pandemia. Igualmente, Rider Loor, uno de los extrabajadores testimonió que perdió su trabajo por una deuda de 10 días con BanEcuador. Sostuvo que la deuda fue inhabilitante para ser empleado público tras recordar que antes estaba contratado bajo el Código de Trabajo. “Llevamos esta lucha hace tres años. No queremos indemnizaciones sino que nos permitan llevar el sustento diario a nuestros hogares”, afirmó.
La asambleísta Johana Ortiz propuso solicitar a la Prefecta de Esmeraldas que explique las decisiones que afectan a este grupo de extrabajadores, mientras que Salvador Quishpe consideró necesario realizar auditorías y que el Ministro de Trabajo informe si ha generado sanciones en contra de la Prefectura de Esmeraldas.
De su lado, Eckenner Recalde advirtió que habría una irregularidad, que generó perjuicio a los extrabajadores, al haberles hecho firmar contratos ocasionales para facilitar su desvinculación.
Reformas a la Losep
Asimismo, la Comisión conoció los alcances del proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público, por parte de su proponente, el asambleísta Patricio Cervantes quien destacó que plantea mecanismos para prevenir y detectar la violencia de género en el sector público, tras recordar que Ecuador es el segundo país con mayor cantidad de femicidios en el marco de la pandemia.
Manifestó que se busca que los servidores públicos tengan el derecho a ser capacitados y formados para desempeñar sus funciones de manera eficiente y ser los portadores y transmisores de conocimiento respecto a los derechos de las mujeres, niñas niños y adolescentes. Los organismos y entidades estatales deberán incorporar en sus programas de formación y capacitación temas de género, derechos y de prevención y erradicación de la violencia contra la mujeres, niñas, niños y adolescentes.
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