En el marco del tratamiento de los proyectos de reformas a la Ley de Apoyo Humanitario, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió observaciones de representantes del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo; de la Federación de Cooperativas de Transporte Interprovincial; y, de la Superintendencia de Bancos.
A criterio de Silvia Bonilla, del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, hay que derogar la Ley de Apoyo Humanitario por ser inconstitucional, porque incrementó los despidos laborales, vulnera el principio de unidad de materia respecto del artículo 33 de la Constitución que establece que el trabajo es un derecho, un deber social y un derecho económico. Además, ha generado conflictos al modificar las condiciones económicas de la relación laboral en cuanto a jornada, salario y vacaciones.
Así mismo, los contratos cambian su forma de relación de definidos a emergentes por acuerdos, provocando inestabilidad laboral. Esa ley ocasionó la disminución de aportaciones al IESS, reduce el salario debido a la proporcionalidad de horas trabajadas hasta el 50% y crea un marco jurídico permanente de contrataciones emergentes más allá de la crisis sanitaria, advirtió.
El asambleísta Mario Ruiz dijo que no está de acuerdo en derogar la ley en su totalidad, pero si el capítulo de relaciones laborales. Por su parte, el legislador Édgar Quezada manifestó que hay varios temas de la Ley de Apoyo Humanitario que requieren ser analizados, considerando las realidades, pero no se puede dejar en el vacío a determinados sectores, como la salud.
La legisladora Paola Cabezas consideró que se podría hacer reformas a otros cuerpos laborales y derogar esta Ley. En cambio, la parlamentaria Fernanda Astudillo pidió garantizar el reconocimiento a los médicos que laboraron durante la pandemia.
Posteriormente, Abel Gómez, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), comentó que este sector necesita una atención urgente, porque el capital invertido está en riesgo. Mientras Efraín Gallegos, asesor jurídico de Fenacotip, pidió que en las reformas a la Ley se incluya a la transportación, por ser el motor que mueve la economía del país. Recordó que en tiempo de pandemia el 100% de la transportación dejó de operar por siete meses y hasta el momento no se han podido recuperar completamente.
Mirian Muñoz, de la dirección de Asesoría Legal de la Superintendencia de Bancos, indico que existen artículos del proyecto que deben ser eliminados, como por ejemplo el 10, porque la norma cumplió su fin al dar 12 meses de facilidades de pago, a la vez que afirmó que no comparte la idea de derogar la totalidad de la ley.
Alison Landy, intendenta nacional del Sector Financiero Público, mencionó que para este año se prevé un crecimiento económico del 2.5%. Recomendó crear un Fondo de Apoyo a la Mipyme, para acceder a créditos con tasas de interés y plazos competitivos, así como la generación de fuentes de empleo en el país.
La Comisión también invitó a los delegados de Internacional de Servicios Públicos, Plataforma por el Derecho a la Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Defensoría del Pueblo, quienes se excusaron por diversos motivos. En sus misivas explican que harán llegar sus aportes por escrito.
JLVN/pv
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