La Comisión de Garantías Constitucionales revisó las observaciones al articulado del proyecto de reformas a la Ley 047, que establece rentas a favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua. Los parlamentarios acordaron esperar el criterio técnico que remita el Ministerio de Finanzas, para determinar los porcentajes de distribución de conformidad con las competencias de municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales.
Según la propuesta, en el Presupuesto del Estado cada año se establecerá en favor de las provincias del Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua asignaciones equivalentes al 5% de la facturación, que por venta de energía efectúe la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, o la entidad que haga sus veces, y que sea originaria de las Centrales Hidroeléctricas de Paute, Pisayambo y Agoyán.
El asambleísta Virgilio Saquicela propuso que el 75% de esas rentas vaya a los municipios y el 25% a los gobiernos autónomos parroquiales. En la matriz de estudio se determina que la asignación contemplada en el Presupuesto del Estado y calculada sobre la base de la venta de energía de las centrales hidroeléctricas de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, será transferida directamente por el Ministerio rector de las Finanzas Públicas el 20% a los GAD provinciales; 60% a los municipales y 20% a los parroquiales, recursos que serán utilizados exclusivamente en la realización de obras de infraestructura, programas de forestación, reforestación, cuidado, saneamiento y remediación ambiental y acuífera.
La asambleísta Sofía Sánchez dijo que es desproporcionado el porcentaje planteado por el parlamentario Saquicela, por lo que sugirió esperar el criterio técnico del Ministerio de Finanzas para tomar una decisión. El presidente de la mesa legislativa, Fernando Cabascango dijo que se debe tomar en cuenta las competencias de cada nivel de gobierno, criterio que fue compartido por las legisladoras Victoria Desintonio y Fernanda Astudillo.
Los comisionados también revisaron el contenido del artículo 3, sobre la asignación por la venta de energía de las centrales hidroeléctricas de Pisayambo y Agoyán, que será́ transferida por el Ministerio rector de las Finanzas Públicas, de la siguiente forma: 40% para el GAD provincial de Tungurahua; 40% para los municipios de Tungurahua, excepto el de Ambato; y, 20% para GAD Municipal de Ambato.
En el debate, la legisladora Victoria Desintonio dijo que llama la atención que no se toma en cuenta a los GAD parroquiales. El legislador Virgilio Saquicela aclaró que se mantiene lo que dice la ley original y allí no se toma en cuenta a los gobiernos parroquiales. La legisladora Rosa Belén Mayorga consideró importante para la provincia de Tungurahua incluir a la Central Hidroeléctrica San Francisco en la reforma a la Ley 047.
El presidente de la comisión, Fernando Cabascango indicó que convocará a una nueva sesión para aprobar el informe para primer debate antes del 9 de abril, en que finaliza el plazo.
JLVN/pv
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