El proyecto de Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales recibirá este miércoles 6 de abril, a partir de las 10h00, las observaciones del Ministro de Gobierno; Comandante General de Policía; Presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior; y, del Director Nacional de Educación de la Policía Nacional, quienes comparecerán ante la Comisión de Educación.
En días pasados la comisión escuchó la información de los representantes del Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), quienes coincidieron que la iniciativa propuesta por la asambleísta, Rocío Guanoluisa contribuirá a la investigación posdelito y dotará al país de profesionales con un elevado nivel de técnico, científico y especializado en temas de seguridad e inteligencia.
Esta propuesta normativa tiene como objetivo crear una institución de educación superior adscrita a la Policía Nacional, con personería jurídica, de derecho público y sin fines de lucro; con autonomía académica, administrativa, económica, financiera, orgánica y patrimonio público, conforme los principios establecidos en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Educación Superior.
Según el proyecto, esta universidad tendrá su sede matriz en la provincia de Pichincha e iniciará sus actividades académicas con las licenciaturas en investigación criminal y forense; gestión de seguridad ciudadana e inteligencia estratégica y prospectiva.
En la segunda jornada, a partir de las 15h30, la comisión recibirá a delegados del Ministerio de Educación, representantes de gremios y asociaciones de personas con discapacidad, con la finalidad de escuchar sus aportes y observaciones al proyecto de reformas a diversas leyes para incluir monitores por la inclusión al sistema de educación regular en beneficio de estudiantes con necesidades educativas, especiales asociadas a la discapacidad.
Este proyecto de ley es iniciativa del asambleísta Ángel Maita y está encaminado a dar solución al problema de la falta de atención en lo concerniente a una verdadera y real inclusión educativa, con la que se dé cumplimiento a los derechos constitucionales y legales de este grupo de atención prioritaria.
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