La Comisión de Biodiversidad resolvió, por unanimidad, solicitar a la Presidencia de la Asamblea Nacional eleve a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el Plan de Evaluación y Seguimiento de la Ley que Regula el Régimen Especial de la provincia de Galápagos, a fin de verificar si la normativa se cumple o no.
Los legisladores Pedro Zapata y Freddy Rojas, proponentes de esta iniciativa, mencionaron que los resultados de este proceso de seguimiento a la ley permitirá tener los insumos necesarios para la construcción de una nueva Ley de Galápagos, tan esperada por la sociedad galapagueña.
Andrés Moyón, de la Unidad de Técnica Legislativa, indicó que en este proceso se verificará el origen y la utilización de los recursos económicos destinados para el desarrollo territorial; aplicación de la política pública de conservación de los ecosistemas y cuidado del medio ambiente insular que permita la protección de áreas geográficas y su diversidad; los derechos preferentes para los residentes, si existe apoyo al desarrollo de las actividades económicas, productivas y de inversión enfocadas a minimizar el impacto ambiental y el desarrollo sostenible; y, las buenas prácticas de turismo sostenible.
Moyón señaló que está previsto realizar mesas itinerantes, encuestas en territorio, comparecencias de autoridades, solicitud de información a las instituciones, análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones y elaboración del informe no vinculante que podría estar listo en octubre de 2022.
Educación Ambiental
En otro orden, los parlamentarios recibieron observaciones al proyecto de Ley Reformatoria a varias Leyes respecto de la Educación Ambiental y la Violencia Interrelacionada. Virginia Portilla, representante de la Fundación Franz Weber en Ecuador, destacó la importancia de la propuesta orientada a erradicar la violencia en cuanto al maltrato animal, así como el cuidado al medio ambiente. Dijo que es necesaria la capacitación de personal para maltrato animal y violencia de género.
Diego Medina, docente de la Universidad de las Américas y médico veterinario, planteó la necesidad de un censo nacional para saber cuántas especies domésticas existen para controlar y minimizar los problemas respecto del maltrato animal. Afirmó que se debe articular normas que permitan sancionar a los maltratadores de animales, pero también a la autoridad.
En cambio, Julio Aguirre, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Corporación Universitaria Remington, señaló que, en su país, Colombia, utilizan un modelo bioecológico que permite analizar las conductas y desarrollo individual de las personas. Indicó que este sistema arrojó indicadores importantes para verificar y prevenir formas de violencia contra animales.
El parlamentario Juan Cristóbal Lloret dijo que es importante escuchar los criterios de expertos sobre esta temática y propuso unificar este proyecto con otros que se encuentran en estudio en la comisión.
Derrame crudo
En el marco del proceso de fiscalización por el derrame de petróleo en el sector Piedra Fina, ocurrido el 28 de enero de 2022, los parlamentarios recibieron a Darwin Camacho, del gobierno autónomo parroquial de Guayusa, en la provincia de Orellana, quien señaló que comunidades y parroquias que se encuentran a la orilla de los ríos Coca y Napo fueron afectadas directamente no solo por el derrame de petróleo, sino también por el colapso de la Cascada San Rafael que provocó la erosión de la tierra, afectando sus cultivos. Los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente deben establecer una nómina de los afectados para de forma inmediata proceder a la indemnización y compensación social, añadió.
Valerio Grefa, presidente de nacionalidades del cantón Joya de los Sachas, recordó que la contaminación del río Coca viene de años atrás producto de derrames de crudo y el último que se dio el 28 de enero de 2022 provocó alta contaminación de sus aguas. Nadie mide los impactos ambientales, sociales y de salud de los pueblos indígenas producto de la actividad petrolera y minera. Se debe respetar el hábitat de pueblos y nacionalidades, así como su cultura, insistió
Por su parte, Misael Jipa, presidente de las Comunidades Kichwas de la provincia de Orellana, dijo que hoy por hoy las comunas y comunidades no puede bañarse en la rivera de los ríos Coca y Napo por la alta contaminación del agua, aspecto que también perjudicó su soberanía alimentaria, porque los peces murieron producto de los químicos que utilizan las empresas petroleras.
De su lado, Alexandra Almeida, bióloga de Acción Ecológica, indicó que realizaron el análisis del agua del río Coca y suelos, así como entrevistas a seis comunidades. El resultado de su investigación determinó que en el suelo hay hidrocarburos y en el agua, metales pesados como el plomo, afectando la vegetación y salud de los habitantes. Debe haber remediación y compensación a los afectados, reiteró.
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