La Comisión de Garantías Constitucionales, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Juventudes, recibió las observaciones de Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros; Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis y de Fernando Chang, subgerente general de negocios de BanEcuador.
Abel Gómez dio criterios técnicos y jurídicos amparado en lo que establece la Constitución y la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que determina que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes tengan enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.
Recordó que hasta la fecha no existe revisión de las tarifas, pese al aumento del precio de los combustibles. “La situación del sector transportista no está para otro impacto”, afirmó.
Mencionó que no esta de acuerdo con el artículo 13 del proyecto la Ley de Juventudes, que prevé que los jóvenes tienen derecho a acceder a la reducción del 50% de la tarifa en el transporte público, comercial y particular terrestre y del 25% en el trasporte aéreo y marítimo fluvial.
Por su parte, Jorge Calderón señaló que la propuesta pretende imponer que las personas jóvenes de 18 hasta 29 años de edad accedan a tarifas preferenciales en servicio de transporte público con solo presentar el documento de identidad.
Expresó que en el país circulan a nivel nacional 80 mil taxis y pretender que los jóvenes paguen media tarifa a cualquier hora de servicio, vulnera el Código de Trabajo. Recordó que, en 2021, según datos del INEC, la población entre 18 y 29 años es de tres millones 570 mil ciudadanos, dato muy importante a considerar, al igual que el decreto, mediante el cual el Gobierno Nacional elevó el precio de los combustibles, que para el sector transportista y taxista, lo que encareció los costos de operación.
Los parlamentarios Magaly Macías, Sofía Sánchez, Paola Cabezas, Fernanda Astudillo y Fernando Cabascango, presidente de la comisión, señalaron que de ninguna manera afectarán al sector transportista público, comercial, marítimo y fluvial del país. Por ello, se comprometieron a revisar el articulo 13 del proyecto.
Luego, los comisionados escucharon a Fernando Chang, subgerente general de negocios de BanEcuador, quien se refirió al artículo 14 del proyecto, que establece el derecho de acceso al sistema financiero nacional a las personas jóvenes. En este marco, subrayó que para el efectivo ejercicio de este derecho se debe establecer una subvención a tasas de interés por parte del Estado.
Además, sugirió que los Ministerios de Inclusión Económica y de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca fijen un fondo a BanEcuador para que puedan otorgar créditos a los jóvenes, destinados a proyectos de emprendimiento y asociatividad vinculados a la economía popular y solidaria.
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