Los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa realizaron un primer acercamiento conceptual con representantes del Ministerio de Coordinación de la Política Económica, quienes expusieron sobre la articulación sistémica de la economía popular que debe estar ligada con el sistema financiero, a fin de mejorar esquemas de comercialización, distribución, organización de los sectores productivos y establecer cadenas de valor que premien la eficiencia y eviten la comercialización especulativa.
En efecto, asambleístas y delegados de la Cartera de Estado coincidieron en la necesidad de dictar una normativa que establezca metas concretas para eliminar la mendicidad y aportar en la construcción de una política integral entre todos los actores que contribuyen en la economía nacional.
La presidenta del organismo legislativo, Saruka Rodríguez, indicó que estas reuniones permitirán impulsar la construcción de un proyecto de ley de economía popular que se enmarque en la realidad propia de los actores sociales e institucionales, tomando en cuenta que más del 75% pertenecen a este sector, por ello es imprescindible fortalecerlos e integrarlos dentro del conjunto de actividades económicas en el ámbito de comercio, consumo, servicio, utilización de fuerza de trabajo, recursos económicos y la satisfacción de necesidades básicas.
Grace Llerena, Directora del Área de Política para la Economía Social y Solidaria, del Ministerio de Coordinación de la Política Económica manifestó que la consolidación de una economía popular y solidaria se fundamenta a partir de la matriz de actividades económicas y sus distintos tipos de actores con relaciones de interdependencia, pero a través de la solidaridad que permite incluir nuevos sujetos políticos populares con los que se debe validar los procesos democráticos y construir las propuestas de desarrollo del sector.
Incorporar la economía popular en la incidencia de la economía solidaria es una estrategia que permitirá la reorganización de las relaciones socioeconómicas y posibilitarán el buen vivir conforme lo determina la Constitución, para ello debe existir un diseño y corresponsabilidad en la implementación de la política pública, fortalecimiento del tejido social, nueva estructura de mercados con relaciones equilibradas, agregó.
Explicó que la economía popular y solidaria la integran los sectores cooperativista, asociativo y comunitario, cuya dimensión y contribución a la economía nacional abarca las ventas de la microempresa, que representan del 25,7% del PIB y sobre el 10% de los ingresos netos totales; el 48,9% del total de empleo es generado por emprendimientos de 1 a 10 empleados; la micro y pequeña empresa genera el 67.1% del total de empleo.
En el área rural el 52,9% de los hombres y el 64,8% de mujeres trabajan en microempresas, mientras que en el área urbana el 43,7% de hombres y el 56,5% de mujeres.
Señaló que la tercera parte de los productores de menos de una hectárea recurren a las cooperativas y a otras estructuras financieras locales para financiar sus actividades. Las cooperativas de ahorro y crédito financian el 31,1% de las actividades de los pequeños productores agrícolas. Las micro y pequeñas unidades de producción reciben un flujo importante de crédito del sector financiero popular y solidario.
Existen 1200 cooperativas de ahorro y crédito, aproximadamente 9 800 entidades entre cajas de ahorro y crédito, cajas y bancos comunales y entidades asociativas o solidarias.
Entre tanto José Luis Coraggio, también del Ministerio de Coordinación de la Política Económica, luego de explicar el tejido de la economía social y solidaria recomendó que al trabajar en una economía popular se debe tomar en cuenta las relaciones familiares, étnicas e interculturales para definir las políticas integrales nuevas y participativas con la gente y las diferentes instancias de gobierno como actores públicos de la proporción de la economía popular y solidaria.
Los principios de la solidaridad deben ir acompañados en toda la economía inclusive las de relaciones internacionales, con el propósito de articular mercados; también hay que financiar la trama productiva evitando que en una región proliferen determinadas actividades que compiten entre sí cuando más bien deberían articularse y complementarse para trabajar a nivel de territorio.
JLVN/pv
