La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió a los legisladores Rosa Mayorga, Humberto Alvarado y Luis Almeida, para que fundamenten sus proyectos de reformas a la Ley de la Contraloría y para enfrentar la grave crisis carcelaria en el país.
La asambleísta Rosa Belén Mayorga, tras explicar que la propuesta busca armonizar la Ley de la Contraloría con la Constitución y otros cuerpos normativos, como el Código Orgánico Integral Penal, manifestó que aborda temas relacionados con la facultad para examinar las declaraciones patrimoniales juradas de los funcionarios públicos e investigar los casos en los que se presuma enriquecimiento ilícito.
Explicó que determina que la Contraloría auditará los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental, conforme lo establece la Constitución y el Código Orgánico del Ambiente. Además, se refiere a los requisitos para ser Contralor General del Estado y el procedimiento para aprobar los traslados administrativos que responderán a un estudio técnico fundamentado para cumplir las necesidades del servicio.
De su lado, Humberto Alvarado destacó que el proyecto está orientado a lograr un servicio más técnico, transparente y ético, por parte de la Contraloría y sus servidores. Puso como ejemplo que las resoluciones sobre responsabilidades civiles o administrativas, una vez que estén en firme, se reflejarán en el sistema electrónico de la institución.
“Los indicios de responsabilidad penal establecidos por la Contraloría en los procesos de auditoría que traten sobre enriquecimiento ilícito, serán comunicados por el auditor al Contralor o a su delegado, quienes luego de aprobar lo remitirán a la Fiscalía General del Estado, con la evidencia acumulada, para iniciar la acción penal correspondiente.
En otro orden, el legislador Luis Almeida explicó el proyecto de Ley de rehabilitación a través del trabajo para los sentenciados y personas privadas de la libertad, como un mecanismo para enfrentar la crisis penitenciaria y contribuir a la rehabilitación social de los internos.
“La necesidad de solucionar el problema del hacinamiento, evitar las muertes y en general los problemas en las cárceles, me motivó a preparar este proyecto para rehabilitar a las personas privadas de la libertad, a través de trabajo y hacer que se sientan útiles para la sociedad”, subrayó.
Tras recordar que cerca de 400 personas han fallecido como producto de la violencia en las cárceles, informó que su propuesta prioriza la prevención especial positiva y es producto de un estudio comparado con legislaciones de otros países, como Estados Unidos, Holanda, Chile, y Perú, a la vez aseveró que se respetan normas de convenios y tratados internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización Internacional del Trabajo.
Almeida indicó que el trabajo se realizará bajo la vigilancia y el control del centro de rehabilitación, en coordinación con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai), además detalló las modalidades de trabajo para personas sentenciadas y para quienes se encuentran con detención preventiva, así como los sistemas de control al proceso de elaboración y comercialización de productos, la utilización y equipos y herramientas.
Al finalizar la sesión, la presidenta encargada, Dina Farinango agradeció a los parlamentarios por la presentación de estas iniciativas legales que ayudarán a enfrentar los diversos problemas que vive el país.
PV
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