La Comisión de Fiscalización y Control Político inició el ciclo de comparecencias para la investigación de los procesos para la renovación de los contratos que mantiene el Estado ecuatoriano con las operadoras de telefonía celular. Este miércoles, recibió los criterios de Patricia Falconí, directora ejecutiva de AESETEL; Maryleana Méndez, secretaría ejecutiva de ASIET; y, José Otero, vicepresidente de CALA 5G Américas.
El presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, tras recordar que este proceso de investigación fue aprobado por unanimidad en junio del año anterior, señaló que se pretende fiscalizar los contratos, a fin de que el Estado pueda obtener una mejor negociación en los procesos venideros. Insistió en la importancia del expediente “Telefonía Celular” en el marco de la renegociación de los contratos con las operadoras privadas y alertó que “en el mercado de las telecomunicaciones se evidencia un peligroso duopolio entre las dos operadoras privadas”.
La directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), Patricia Falconí detalló que el acceso a datos móviles en la población llega al 57% y el acceso a internet en hogares a 54%. Sostuvo que al momento las comunicaciones contribuyen al 1.93 del PIB; el aporte fiscal del sector es de 5,31% de la recaudación total del Ecuador; y únicamente 30.8% de espectro radioeléctrico asignado, el más bajo de la región.
Fernando Villavicencio pidió a la compareciente que precise las inversiones desde 2008 por Otecel, Conecell y CNT. Además, sobre las cifras de facturación de las operadoras con énfasis en las privadas. Según Falconí las cifras que maneja la empresa son a nivel macro y sugirió solicitar detalle de las mismas a cada empresa operadora de telefonía celular.
En respuesta a otras consultas dijo que para ASETEL es importante que se pueda cambiar el modelo recaudatorio de los contratos para favorecer a los clientes. “La experiencia internacional nos dice que cuando existe un espectro caro, el Estado recauda más, pero no se beneficia la ciudadanía”, advirtió. Así mismo, señaló que a nivel internacional se utilizan tres modelos para la concesión de espectro: subasta, brenchmark y flujo de caja. En ese sentido, por las condiciones del mercado ecuatoriano, se recomienda el mecanismo de subasta.
De su lado, Maryleana Méndez, secretaria ejecutiva de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET), desde Costa Rica, vía telemática, subrayó que el objetivo de las renovaciones del espectro debe ser la continuidad del servicio y promover la seguridad jurídica para la inversión.
Aseguró que los costos elevados por el uso del espectro inciden en las inversiones en despliegue de infraestructura y tecnología, lo cual afecta la conectividad. El costo del espectro en Ecuador está muy por encima de la media en Latinoaméica, subrayó.
La asambleísta Ana Belén Cordero preguntó sobre los efectos de mantener el precio de espectro fuera de los parámetros internacionales. Méndez respondió que eso significaría una reducción a la oferta de servicios y que las empresas renuncien a sus porcentajes del espectro causando pérdidas al Estado y a los usuarios. Mientras que el legislador Bruno Segovia interrogó sobre la existencia de otros operadores en la región que pudieran estar interesados en ingresar al Ecuador.
Por último, José Otero, vicepresidente de CALA 5G Américas tras comentar que son una asociación de empresas desarrolladoras de tecnologías y proveedoras de servicio de todo el continente, enfatizó que el 5G no es una tecnología pensada en las personas, sino en la provisión de servicios para el Estado.
El presidente de la comisión, Villavicencio agradeció a los comparecientes y dio por concluida la primera ronda de comparecencias y anunció que para la próxima sesión invitarán a los profesionales de la comunicación.
RSA/pv
Más fotos:
