La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana se reunió este lunes en Portoviejo, con el fin de continuar el proceso de socialización del proyecto de Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Allí fueron recibidas varias autoridades y actores de la sociedad civil, asociaciones de ecuatorianos retornados, quienes expusieron la información sobre vulneración de sus derechos.
Tamara Briones, de la Asociación de Migrantes, mencionó que la ley debe estar articulada a la Constitución de la República, a fin de garantizar el respeto a los derechos y establecer un sistema de protección con la participación de la sociedad civil, a la vez que exhortó a las autoridades competentes dictar políticas públicas para la movilidad humana.
El prefecto de Manabí, Leonado Orlando enfatizó en la importancia de evitar que la problemática que enfrentan nuestros compatriotas sea invisibilizada, a la vez expuso la necesidad de permitir la participación de los gobiernos autónomos descentralizados y la cooperación internacional para lograr la articulación que permita brindar apoyo a las víctimas.
Todos los niveles de Gobierno deben mantener un presupuesto para el control de estos delitos y sobre todo para dirigir la ayuda necesaria a las víctimas, como parte de la protección de derechos con la efectiva aplicación de políticas desde la prevención, enfatizó.
Marlon Intriago, juez de la Corte Provincial de Manabí, sugirió incluir en las mesas técnicas de análisis de la propuesta a la Corte Nacional de Justicia y a los presidentes de cortes provinciales, con el apoyo del Consejo de la Judicatura. También propuso que la cooperación internacional sea desde la perspectiva jurídica referente a temas de extradición.
Martha Macías, vicedecana de la Universidad Técnica de Manabí, hizo referencia a los protocolos que se deben activar para enfrentar este tipo de delitos y brindar atención prioritaria y reparación integral de los derechos vulnerados de las víctimas.
El asambleísta Juan Fernando Flores, presidente de la comisión, informó que han iniciado acercamientos con el Ejecutivo, para generar respuestas ante los vacíos existentes en relación al presupuesto para la aplicación y ejecución de la ley, a la vez indicó que el proyecto también será socializado en los puntos fronterizos del país. Además, consideró importante coordinar acciones con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales.
Por último, la activista por los derechos de las mujeres rurales María de Lourdes Marquínez, participó como “Asambleísta por un Día”. Manifestó que “es relevante contribuir en la búsqueda de soluciones y mecanismos para asegurar el cumplimiento de la ley, en beneficio de los ecuatorianos y atender esta problemática que afecta principalmente a la zona rural del país”.
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