La Comisión del Derecho al Trabajo recibió las denuncias de jóvenes y padres de familia, entre ellos personas de nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, perjudicados por un supuesto curso para formación de agentes de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).
Los asambleístas Luis Almeida y Patricia Núñez señalaron que son 1.400 perjudicados, quienes invirtieron tiempo y dinero para acceder a estos aparentes cursos, cuando, a los once meses de formación, les informaron que no hay la certificación presupuestaria para la asignación de recursos para esta formación y contratar al nuevo personal.
Ángel Punina, representante de Tungurahua, afirmó que los padres de los chicos que pertenecen a los pueblos y nacionalidades hicieron un gran esfuerzo para que sus familiares puedan acceder a este curso y muchos de ellos se endeudaron hasta por US$ 20 mil.
José Anilema Guamán, representante de Chimborazo, compartió el criterio. Exigió una respuesta inmediata de las autoridades. Padres de familia de aspirantes de los años 2020 y 2021 como Cristina Clavel y Anabel Mosquera entregaron a la mesa legislativa documentos de pedidos de información sin respuesta que realizaron a la CTE, Ministerio de Finanzas, Secretaría de Derechos Humanos y Contraloría.
Los representantes de la CTE y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas señalaron que estos problemas son heredados y que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso está buscando una salida para este problema y que no existe ningún tipo de discriminación a los pueblos y nacionalidades.
Félix Pilco, viceministro de Servicios de Transporte y Obras Públicas, solicitó que se convoque a los responsables de estas fallidas convocatorias, quienes deben responder a los aspirantes y ante la justicia. Indicó que la CTE tiene autonomía financiera y el Directorio aprobó ya el presupuesto anual. Reiteró que se busca una solución definitiva al problema. Recalcó que a finales de junio se graduarán los agentes del proceso 2020 y 2021 “de manera impostergable”.
El asambleísta Luis Almeida pidió que no solo se realice la graduación de los estudiantes, sino la incorporación de los mismos a un puesto de trabajo.
Carlos Balarezo, director de la CTE, compartió el criterio. Dijo que al llegar a esta institución se encontraron con una serie de negligencias en el proceso para 1.400 aspirantes (1.200 funcionarios operativos y 200 oficiales), en donde incluso hubo acuerdos ministeriales y resoluciones, en donde se disponía que al finalizar el programa se certificaría recién el presupuesto para la contratación de los aspirantes.
El funcionario indicó que existen denuncias de aspirantes que tuvieron que pagar hasta $ 7 mil para estos cursos de formación.
Según Balarezo, el Ministerio de Finanzas solicitó a la CTE una propuesta técnica de menor impacto, de acuerdo con la realidad del país para la revisión del caso y la certificación presupuestaria correspondiente. También la Contraloría dispuso acciones de control correspondiente y la CTE presentó denuncias ante el Servicio de Rentas Internas, agregó.
Sobre este caso, el director de la CTE informó que se siguieron 400 sumarios administrativos y 25 personas fueron destituidas por actos de corrupción.
Balarezo expresó que para los aspirantes de 2021, existe una acción de protección y se debe realizar una prueba de polígrafos por decisión judicial.
Los asambleístas Pamela Aguirre y Johanna Ortiz también solicitaron una respuesta rápida del Estado para los perjudicados. Mientras que, el asambleísta Salvador Quishpe cuestionó la responsabilidad del Gobierno anterior y recordó que en agosto de 2021, el Gobierno actual ya debía aprobar el presupuesto para estos fines.
Sin embargo, el director Balarezo dijo que no pudo aprobarse para 2021, porque la graduación de los aspirantes es para 2022, que se han realizado las gestiones respectivas, pero que el rubro excede el techo presupuestario.
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