La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana escuchó las observaciones de varias autoridades en el marco del estudio del proyecto de Ley Reformatoria a Ley Orgánica de Participación Ciudadana de los Presupuestos Participativos.
La mesa legislativa contó con la participación Marjorie Canseco, coordinadora de Asesoría Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien expresó que el artículo 78 de la ley dispone que las características de este tipo de presupuestos estarán abiertos a la ciudadanía que desee participar.
Explicó que en la actualidad la población actúa de manera voluntaria en el proceso de elaboración y aprobación de los presupuestos de las instituciones.
Así mismo, Pablo Iglesias Paladines, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, manifestó que como institución no son los responsables de emitir la política pública a nivel nacional, tarea que les corresponde a otras autoridades, como por ejemplo la Secretaría de Planificación; el Consejo Técnico del Suelo, que es rector de la política pública del suelo en el país.
Sostuvo que como institución respetan la autonomía de los GAD para ejercer sus funciones, a la vez que resaltó la importancia de la intervención de la ciudadanía en la aprobación de las leyes.
De su lado, Libia Rivas, asesora externa de la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME recordó que el artículo 100 de la Constitución garantiza la participación en todos los niveles de Gobierno, mismos que deben contar con la ciudadanía para la elaboración de estos presupuestos.
Enfatizó que el artículo 8 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determina que cada nivel de Gobierno defina los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos, de conformidad con la ley y en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
Finalmente la legisladora Nathalie Viteri, encargada de la dirección de la Comisión se refirió al artículo 64 de la actual ley que habla de la participación local en los presupuestos participativos de los GAD.
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