Con 94 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, comparezca de manera mensual ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral para que informe con estadísticas el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica.
De acuerdo con la resolución, también deberá remitir, de manera trimestral, a la mesa legislativa la ejecución de los montos presupuestados para seguridad ciudadana. Además, en la resolución del Pleno se advirtió que la situación de inseguridad que vive el país es una amenaza para el Estado y la paz social y que los órganos pertinentes tienen la obligación de precautelar la seguridad de la ciudadanía, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución de la República.
Exige el inmediato cumplimiento, por parte de la Función Ejecutiva, del artículo 10 literal a) de la Ley de Seguridad Pública y del Estado que dispone la preparación del Plan Nacional de Seguridad Integral y propuestas de políticas de seguridad pública.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, compareció ante la Asamblea Nacional para informar las acciones emprendidas para mitigar la inseguridad ciudadana y muertes violentas en todo el territorio nacional.
Aseguró que se prevé el ingreso de 30 mil nuevos policías en los próximos tres años y que el Ejecutivo ha definido a la seguridad ciudadana como una política central y prioritaria basada en tres ejes: seguridad ciudadana con énfasis en la prevención del delito y la violencia; combate al crimen organizado transnacional y sus delitos conexos; y, el restablecimiento de un sistema penitenciario que garantice la rehabilitación social de las personas y su reinserción a la sociedad. El Gobierno destinará una inversión de US$ 1.200 millones en seguridad hasta el año 2025, añadio.
Previo de la intervención del ministro Carrillo, el Pleno escuchó a Nostorio Ortega, concejal de Durán, quien lamentó la realidad violenta que vive la localidad y exigió al Gobierno la ejecución de planes interinstitucionales que solucionen esta problemática.
El debate
En el debate los asambleístas Alexandra Arce y Blasco Luna exhortaron al Ejecutivo a implementar políticas públicas integrales enfocadas en disminuir la violencia y evitar que los niños y jóvenes caigan en manos de la delincuencia. Paola Cabezas advirtió que la reducción presupuestaria en salud, educación y seguridad ahondan esta problemática social. Viviana Veloz indicó que la crisis de seguridad y penitenciaria es consecuencia del debilitamiento institucional, el hacinamiento y la falta de programas de rehabilitación.
Geraldine Weber cuestionó la falta de voluntad política para activar protocolos efectivos de rehabilitación y prevención de la delincuencia. Jessica Castillo señaló la necesidad de capacitar de manera permanente a los policías para combatir efectivamente a la delincuencia. Ante las amenazas de organizaciones delictivas, Fernando Villavicencio subrayó la urgencia de dar tratamiento al proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. “La Asamblea no se va a someter a lo que dicen las bandas criminales”, enfatizó.
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