Ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral compareció el director general del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Juan Zapata, a fin explicar la situación actual de la institución.
En su intervención, Zapata dio a conocer el modelo de gestión del ECU 911, que comprende mecanismos de alerta, coordinación, llamadas de emergencia, cámaras, personal y situación de la plataforma tecnológica. Informó que el gasto en tecnología a escala nacional llega a los dos millones de dólares, y que el sistema ha operado durante 10 años de forma ininterrumpida.
La asambleísta Patricia Núñez expresó su preocupación sobre la disminución de recursos a partir del año 2017, por lo que no todas las cámaras están funcionando en la provincia de Chimborazo, tampoco en los buses ni en los taxis.
El parlamentario Augusto Guamán consideró necesario que el Servicio Integrado de Seguridad tenga un modelo estándar que beneficie a los gobiernos autónomos descentralizados, con especificaciones técnicas para las cámaras y otras características que contribuyan a la seguridad ciudadana.
Frente a las inquietudes de los legisladores, el funcionario replicó que se encuentran en un 60% de modernización, que incluye el tema de cámaras, y que los gobiernos autónomos descentralizados deben estar interconectados con este sistema.
El legislador Ramiro Narváez, presidente de la comisión, mocionó que un equipo técnico prepare un informe con recomendaciones respecto al presupuesto, incremento de cámaras, modernización y repotenciación del Sistema ECU 911, la cual se aprobó con 6 votos afirmativos.
En otro orden, la comisión recibió a Paola Flores, Secretaria de Derechos Humanos, quien informó las acciones desarrolladas luego de los hechos registrados en el Centro de Rehabilitación de Santo Domingo de los Tsáchilas.
La funcionaria dio a conocer que se han instalado mesas técnicas, que trabajan en un censo nacional penitenciario, y en capacitación para determinar la situación de las personas privadas de la libertad.
Para finalizar, Ramiro Narváez mencionó que frente a la crisis carcelaria y la situación de inseguridad que vive el país, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Seguridad, preparó un informe con 127 recomendaciones, de ellas, más de 90 no requieren de una ley, sino que dependen de la voluntad política del régimen.
La Secretaria de Derechos Humanos se comprometió a revisar las 127 observaciones, a fin de ajustarlas al plan de política pública hacia una verdadera rehabilitación social.
ES/pv
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