Con 123 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Tratados y Acuerdos Interinstitucionales Internacionales, que busca regular el procedimiento para la celebración de tratados, determinar las competencias y obligaciones de las instituciones parte; y, distinguir los tratados internacionales de los acuerdos o convenios interinstitucionales en el ámbito internacional.
"Hasta ahora, no contábamos con una normativa clara que siga los parámetros del derecho internacional ni de nuestra Constitución. La Asamblea Nacional con esta Ley, regula los tratados internacionales y facilita las relaciones del Ecuador con otros países y con el mundo", señaló Guadalupe Llori, presidenta del Legislativo.
La asambleísta Jessica Castillo, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y ponente del informe, explicó que se incluyó la disposición general segunda que establece que las mesas técnicas que se conformen a raíz de la suscripción o ratificación de tratados o convenios internacionales por parte del Estado ecuatoriano, cuando la materia objeto del tratado guarde relación con sectores económicos especializados, deberán requerir como insumo el criterio de los sectores económicos, industriales y productivos. También requerir información suficiente a las carteras de Estado relacionadas.
La iniciativa nace de la inexistencia de un cuerpo legal vigente que regule de forma específica los tratados y acuerdos internacionales, por tanto, la norma permite llenar los vacíos y clarificar los elementos dentro del proceso de celebración de los tratados internacionales.
El articulado regula el mecanismo para la interpretación, enmienda, modificación, suspensión y terminación de los tratados internacionales. También, especifica los aspectos relacionados con la representación para celebrar los tratados internacionales, su negociación, adopción, autenticación y firma, así como el consentimiento y las reservas.
Además, adecua la normativa a la Constitución de la República, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Guadalupe Llori, quien es la cuarta mujer en asumir la Presidencia de la Asamblea, es abogada de los tribunales y juzgados de la República. Inició su vida política en el 2000, cuando accedió a la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana, capital de la provincia de Orellana, por el movimiento Pachakutik. Su gestión estuvo centrada, principalmente, en mejorar el área de salud. Cuatro años más tarde, fue electa prefecta de su provincia. Posteriormente, fue reelecta para dos periodos.
