Los legisladores destacaron la necesidad de establecer políticas de Estado en materia de respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, para preparar adecuadamente a los efectivos policiales y militares en el uso progresivo de la fuerza, según como avanza el conflicto y el peligro que este represente para la vida de los propios elementos del orden y de terceros. Así mismo, consideraron fundamental mejorar las condiciones de vida de la población.
Igualmente, declararon que la ley por sí sola no constituye una solución al problema de la delincuencia común y el crimen organizado, pues se requiere que el Gobierno Nacional transfiera oportunamente los recursos para la Policía, para que pueda cumplir su gestión de manera idónea, ya que no se puede combatir la violencia sin las herramientas mínimas necesarias, más cuando los delincuentes tienen armamento cada vez más sofisticado.
La propuesta legal norma el uso legítimo y excepcional de la fuerza como potestad del Estado ejercida a través de las servidoras y servidores policiales, de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, como entidades de protección y garantía de derechos; determina sus derechos y obligaciones; establece el deber de prevención y protección en relación con el uso legítimo de la fuerza en situaciones en las que estén o puedan estar involucrados niños, niñas, adolescentes y otros grupos de atención prioritaria.
De igual manera, regula contextos y circunstancias específicas en que los servidores regulados por la ley pueden hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza; norma los procedimientos y requisitos de los informes que se debe elevar en estos casos; establece el marco de regulación para la capacitación, entrenamiento y evaluación de los servidores sujetos a esta ley.
