En la provincia del Azuay, la Comisión de Garantías Constitucionales escuchó la problemática que enfrentan diferentes comunas, en el marco de la construcción del informe para primer debate del proyecto de Código de los Derechos Colectivos de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades. Los temas expuestos giraron en torno a la vulneración de derechos colectivos, tierras y territorios ancestrales, concesiones mineras, asignación de frecuencias de radio y la necesidad de construir una normativa desde las bases.
Previo a recibir los aportes de los dirigentes de diferentes comunas, el presidente de la Comisión, Fernando Cabascango, les informó que la mesa legislativa luego de unificar ocho proyectos de ley, se encuentra en la fase de socialización y recepción de observaciones.
Explicó que la propuesta contiene capítulos sobre mecanismos de exigibilidad, aplicabilidad y ejercicio de los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio para la construcción del Estado Intercultural y Plurinacional.
Añadió que con ello se busca garantizar el ejercicio de las facultades y los derechos colectivos, la institucionalidad comunitaria, la autoridad territorial para administrar tierras y territorios comunitarios, justicia indígena en coordinación con la justicia ordinaria, consulta prelegislativa, y consulta previa libre e informada.
Fredy Quilumbaqui, de la Comuna de San Sebastián de Sigsig, pidió establecer con claridad la exención de tasas e impuestos en la adjudicación de tierras y territorios comunitarios; incluir la nulidad de las concesiones mineras en cualquier nivel, en virtud de que están afectado a los páramos. También sugirió la adjudicación de frecuencias de manera directa.
Olmedo Morocho, de la Comuna Zhiña, Miguel Barrera, de la Comuna Anccestral de San Joaquín; y, Álvaro Medina, presidente de la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguro plantearon la necesidad de realizar talleres comunitarios para receptar las sugerencias desde las bases, a fin de construir una normativa que se ajuste a sus realidades y solucione los problemas que aquejan, sobre todo en lo que tiene que ver con la adjudicación de tierras y territorios.
También fundamentaron sus posiciones sobre el ingreso de empresas mineras, construcción de hidroeléctricas que provocan el daño medio ambiental, contaminación de ríos, pasivos ambientales y la división de pueblos.
Advirtieron que no respetan el derecho a la consulta previa, libre e informada y su consentimiento ni el derecho de participación de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a pesar de ser un mandato constitucional.
Con respecto a la justicia indígena, Álvaro Medina señaló que la Fiscalía debe cooperar con la investigación en temas de medicina legal, forense y accidentes de tránsito, en virtud que no cuentan con personal técnico capacitado para indagar estos hechos que ocurren en territorio de las comunas, comunidades pueblos y nacionalidades.
Los asambleístas Sofía Sánchez y Mario Ruiz expresaron que la comisión realiza procesos de fiscalización en materia de minería ilegal y a gran escala, que no solo sucede en los territorios de la provincia del Azuay, sino a nivel nacional.
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