La protección y garantía de los derechos de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades continúa en análisis en el territorio ecuatoriano. Este sábado, 18 de junio, la Comisión de Garantías Constitucionales se reunió en el cantón El Guabo, provincia de El Oro, en donde escuchó los aportes de representantes de siete organizaciones en torno a la propuesta de ley que se está construyendo en defensa de sus derechos.
En efecto, en la Casa Comunal de Bajo Alto, el presidente de la mesa legislativa, Fernando Cabascango, explicó el contenido y objetivos de los proyectos y la importancia de recoger las observaciones desde los diferentes territorios, previo a la preparación del informe para primer debate. Subrayó que se trata de incorporar el mayor número de propuestas en cuanto a derechos y articular con las realidades de cada una de las localidades.
La asambleísta Fernanda Astudillo resaltó la importancia de los aportes ciudadanos en la construcción del proyecto de Código para la Protección y Garantía de los Derechos de las Comunidades, Comunas, Pueblos y Nacionalidades, que recoge ocho iniciativas legislativas.
Bacídeles Armijos, coordinador de las comunas de la provincia de El Oro, entregó una propuesta de reforma en la que se ven plasmadas todas sus aspiraciones. Recordó que la ley que les rige tiene alrededor de 86 años de vigencia y necesita ser actualizada de acuerdo con las nuevas realidades.
El asesor jurídico de la comunas de El Oro, José Camacho, presentó observaciones sobre las definiciones. Propuso que se vean reflejadas las necesidades del sector productivo, tras recordar la regulación relacionada con las comunas.
Isabel Orellana, coordinadora de Mujeres Negras, capítulo El Oro, sugirió repensar y reconstruir una ley que les aglutine y garantice sus derechos. Que sea una ley integradora, que recoja las aspiraciones de los indígenas, afros y montubios, sin meros enunciados, subrayó.
Jhonny Ochoa, de Pueblos Montubios de Machala, presentó observaciones sobre el objeto del proyecto. Además informó que el cantón Santa Rosa es uno de los más afectados por la contaminación ambiental, por lo que solicitó la intervención de la comisión legislativa.
A criterio de Alexandra Castillo, secretaria de Finanzas de Pueblos Montubios, señaló que el problema de las leyes es su ejecución y que para ello es necesario el apoyo presupuestario. Comentó que el agricultor y la mujer campesina deben ser tomados en cuenta “como empresarios agrícolas y no solo como productores”, para generar políticas; que no se afecte su identidad; con autonomía comunitaria y acceso financiero.
Marcela Yumbay, representante de Indígenas Migrantes de la provincia del Oro, planteó que se tome en cuenta su realidad, tras recordar las circunstancias que debieron superar para ser aceptados en la sociedad.
Silvana Maldonado, del Pueblo Montubio Orense, agradeció el tratamiento de la propuesta de ley para garantizar la progresividad de los derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios.
La asambleísta Fernanda Astudillo se comprometió a trabajar en mesas técnicas para analizar cada una de las observaciones presentadas, mismas que serán incorporadas en una matriz, previo a la construcción del informe para primer debate.
RSA/pv
