La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió a Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo, presidente y vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), con el propósito de analizar las implicaciones del audio en el cual, supuestamente, intervienen dos de los miembros de la referida entidad, con el propósito de obtener una respuesta favorable a la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en una acción de protección para recuperar su cargo.
El titular del CJ, Fausto Murillo, subrayó que este órgano de gobierno de la Función Judicial de ninguna manera incide o pretende incidir en las decisiones en materia jurisdiccional. “Somos respetuosos de la independencia de la justicia y ejercemos las funciones de administración y control disciplinario”, enfatizó.
De su lado, Maribel Barreno dijo que acudió a la reunión agendada con anterioridad para atender requerimientos de carácter administrativo, como la celebración del bicentenario de la Función Judicial, pues jamás se ha interferido en la acción de los jueces. Fue una sesión de trabajo y nadie de los presentes consintió en la grabación de esa reunión, agregó.
Mientras, el vocal José Morillo restó validez jurídica y probatoria a la grabación que habría sido obtenida de manera inconstitucional, ilegal e ilegítima. Se trataría, además, de un audio fragmentado y decontextualizado. “Siempre he defendido la independencia interna y externa de la justicia, como manda el Código Orgánico de la Función Judicial”.
Los comparecientes indicaron que, al momento, se lleva a cabo la investigación de este tema por parte de la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar la autenticidad, originalidad, integralidad y legalidad del audio en referencia.
Varios asambleístas miembros del organismo y otros que pidieron participar de esta sesión coincidieron en que el contenido del audio filtrado por un medio de comunicación no evidencia que se hable de temas eminentemente administrativos de la Función Judicial, ya que se alude específicamente a hechos relacionados con decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional, en el marco de sus competencias, hecho que constituiría un claro afán de intromisión.
Cumplidas las intervenciones de los comparecientes y las preguntas de los miembros de la comisión, el organismo suspendió la sesión y quedó abierta la posibilidad de solicitar nuevos testimonios dentro de este proceso de control político.
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