En la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Anunzziata Valdez, de la Red de Mujeres, pidió que el procedimiento para el tratamiento de los casos de violencia intrafamiliar esté sujeto y sometido a la Ley 103, fundamentalmente, que las comisarías de la mujer lleven dichos procesos, considerando que son entes especializados.
Comentó que este tema debe ser visto como un problema social, al objetar que ese tipo de causas se trasladen a los fiscales, más aún cuando no existe un sistema estructural idóneo en la Fiscalía ni en los juzgados para tramitar y despachar el abultado número de causas que se presentan en el ámbito penal.
No es pertinente que este asunto tenga igual o similar tratamiento que un robo o asalto, añadió, tras cuestionar que se permitan medidas cautelares sustitutivas a las de apremio, que los equipos de apoyo a las víctimas sea opcional y no obligatorio y, lo que es más, que las contravenciones sean susceptibles de apelación.
Por su parte, las legisladoras Marisol Peñafiel y Gina Godoy coincidieron en aseverar que los derechos de las mujeres se han fortalecido en el Código Penal, acorde con los principios constitucionales y los instrumentos internacionales.
En la propuesta se han tomado en cuenta las disposiciones de la Ley 103, incluso ampliando la figura de reparación de víctimas hacia una justicia restaurativa de derechos, dejando atrás la práctica en la cual el conflicto de violencia familiar se resolvía típicamente entre cuatro paredes, argumentó Marisol Peñafiel.
Por su parte, Gina Godoy exhortó a revisar, a cabalidad, el alcance del artículo 142 del Primer Libro del proyecto de Código Penal, el que, conforme la Constitución, eleva a la categoría de delito la violencia intrafamiliar. “Todas y todos debemos aunar esfuerzos para construir un procedimiento y una herramienta eficaz, a fin de que la mujer víctima de maltrato se sienta respaldada por la administración de justicia, la Policía y la Fiscalía General”, agregó.
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