En el marco del proceso de seguimiento y evaluación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado sesionó en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, para escuchar los aportes y experiencias de representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil que brindan su apoyo y atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
En esta sesión en territorio, la mesa legislativa escuchó a Fabiola Báez y Luz Romero, representantes del Observatorio a la Ley; Amparo Peñaherrera, coordinadora de la Federación de Mujeres de Sucumbíos; Rosaura Ramírez, de la Fundación Juntos en Derechos; Vilma Mendoza, defensora de derechos humanos; y, Rosa Salazar, mujer con discapacidad; y, Alberto Cueva Magno, director provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos, quienes informaron varias acciones implementadas en favor de las víctimas de violencia de género y sus hijos.
Alertaron que a pesar de que los gobiernos descentralizados y otras instituciones del Estado tienen presupuesto asignado para erradicar la violencia, las casas de acogida de la provincia no reciben recursos. Aseguraron que en el año 2020 se desvinculó personal que daba asistencia psicológica y educativa a las víctimas y sus hijos y se redujo el presupuesto asignado para la erradicación de la violencia contra las mujeres en un 84%. Exhortaron a la mesa legislativa que se garantice la asignación de recursos y la implementación de políticas públicas de contención en beneficio de las víctimas.
Entre las demandas, se resalta la urgencia de capacitar al personal policial, de trabajo social y los operadores de justicia para gestionar de manera adecuada los casos de violencia de género. En este sentido, solicitaron que se reforme el Código Orgánico Integral Penal para tipificar todos los tipos de violencia de género y así establecer el debido proceso en cada caso.
Sobre esto, la legisladora Jhajaira Urresta contó la experiencia que vivió, previo al inicio de la sesión, cuando visitó la Dirección de Violencia Intrafamiliar de la Policía y constató los malos tratos que reciben las víctimas de violencia, al no recibir información ni procesar de manera adecuada las denuncias presentadas. Denunció públicamente que recibió un trato hostil por parte de una funcionaria de Trabajo Social que se negó a atenderle.
La mesa legislativa rechazó el hecho y solicitó a Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Sucumbíos que inicie una investigación y un proceso disciplinario en contra de los funcionarios involucrados.
Según informó Alejandro Jaramillo, presidente de la comisión, para esta sesión convocaron a directivos de 21 instituciones, que no estuvieron presentes ni presentaron excusas. Los comisionados rechazaron que la erradicación de la violencia de género no sea tomada como un tema prioritario por las instituciones del Estado encargadas de ejecutar la ley.
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