En la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, que preside Ferdinan Álvarez, el ingeniero Raúl González Carrión defendió la legalidad de su designación como superintendente de Bancos, efectuada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tras haber sido escogido de la terna enviada, en legal y debida forma, por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza.
Raúl González se declaró indignado por la información que ha circulado en medios de comunicación, sobre todo en formato digital, quienes han vilipendiado su nombre. “Esto nace desde aquel 19 de julio, cuando presenté mi plan de trabajo ante el Consejo de Participación Ciudadana. Minutos después de mi exposición, el presidente de este organismo puso en duda mi designación, a partir de un tuit emitido por un ciudadano”, añadió.
Dijo que el 21 de julio aclaró que no tiene contrato alguno con el Estado y presentó el certificado correspondiente. Lo que pasa es que esa noticia falsa ciruló en medios digitales y redes, pero jamás se contrastó la información, ni se investigó para verificar si efectivamente había algún impedimento para que pueda ejercer el cargo o que exista algún conflicto de intereses.
El ingeniero González aseguró que se pretende vincularlo con el caso SUCRE, porque actuó como liquidador del Banco Territorial, cargo que permitió recaudar importantes valores para la devolución a los depositantes de esa institución bancaria.
Así mismo, expresó su apertura al diálogo con el Presidente de la República quien, al parecer, estaría mal asesorado.
De su lado, el abogado patrocinador del ingeniero González, Robert Friend, indicó que su defendido tiene derechos adquiridos como Superintendente de Bancos, a partir del acto administrativo de su designación, por parte del CPCCS. Por tanto, pese a la acción de protección y la sentencia emitida por la jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Multicompetente de Samborondón, a su juicio de manera ilegal e inconstitucional, el ingeniero González no tendría impedimento alguno para que la Asamblea lo posesione en el cargo.
Aseguró que existen varias irregularidades en el procedimiento para la acción de protección interpuesta en Samborondón y que la jueza no podía dar paso a la petición de la ciudadana Michelle Guerra, por supuestas vulneraciones de derechos en el proceso de elección del nuevo superintendente.
EG
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