La mesa legislativa conoció el informe que incluye las recomendaciones planteadas por los asambleístas Geraldine Weber, Joel Abad, Nathalie Viteri y Mireya Pazmiño, orientadas a garantizar que las asignaciones de educación y salud no se vean afectadas por reducciones en el Presupuesto General del Estado.
La norma constitucional establece que los sectores de salud y educación recibirán un incremento anual en sus asignaciones del 0,5% del PIB, hasta llegar a una meta del 4% y 6% respectivamente para estos sectores.
El debate de los asambleístas se enfocó en si estos porcentajes deberían restringirse, para que de existir una reducción en el Presupuesto General del Estado, los sectores educación y salud no se vean afectados.
El asambleísta Pabel Muñoz, designado por la comisión como ponente del proyecto, consideró que se debe dar flexibilidad en el manejo del Presupuesto General, y no atarlo a una camisa de fuerza, que como resultado puede terminar afectando a otros sectores, que por esta restricción podrían reducir considerablemente sus ya limitadas asignaciones o incluso perderlas.
Otros asambleístas sostuvieron que se busca evitar que los sectores educación y salud sean afectados en una posible reducción del Presupuesto General del Estado. Añadieron que la propuesta tiene como objetivo asegurar que no se vuelva a aplicar una regresión en la acumulación anual del 0,5% y que una vez alcanzadas las metas porcentuales estas se mantengan.
En referencia a las recomendaciones planteadas por los asambleístas Nathalie Viteri y Joel Abad en cuanto a que en ningún caso se podrá afectar las asignaciones para el tratamiento de enfermedades raras o huérfanas y catastróficas; y , que de manera expresa se determine, que si el Ministro de Finanzas no respeta lo establecido en la Constitución y en esta ley, sea separado de sus funciones, la comisión coincidió en la importancia de que estas normas formen parte del proyecto normativo.
Al cierre del debate se decidió programar para el próximo viernes la votación del informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas para asegurar presupuestos incrementales en salud y educación.
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