El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley para el Establecimiento del Régimen Jurídico de Trabajo en Plataformas Digitales y Venta Directa, cuya finalidad es regular las relaciones entre empresas propietarias de plataformas digitales y trabajadores en territorio ecuatoriano, mismas que se aplicarán a las diversas modalidades y condiciones presenciales o tecnológicas de trabajo.
Johanna Ortiz, asambleísta ponente, indicó que esta iniciativa pretende generar un régimen jurídico que clarifique el vinculo legal que mantienen los trabajadores y las empresas de plataformas digitales, evitando condiciones laborales precarias y la renuncia tácita a sistemas de protección y derechos fundamentales. Afirmó que la norma procura que también se garanticen medidas de protección para el consumidor, ya que prevé la corresponsabilidad laboral y el respeto de los intereses de todas las partes involucradas.
En el debate intervinieron nueve legisladores que aseguraron que este proyecto es el inicio de la transformación digital del Ecuador, que promueva relaciones laborales transparentes, la generación de empleo, trabajo decente en distintas modalidades en estricto respeto de los derechos laborales y que se adopten medidas de seguridad social.
Recomendaron dar un tratamiento diferenciado al trabajo en plataformas digitales y a la venta directa, ya que la dinámica laboral es distinta. Wilma Andrade puntualizó que las mujeres son las principales ejecutoras de las actividades de venta directa, porque les permite tener independencia económica con flexibilidad de horarios.
El Proyecto
La norma unifica las iniciativas de las asambleístas Johanna Moreira y Johanna Ortiz. Plantea que los contratos suscritos entre las empresas de plataformas digitales y los trabajadores dependientes se manejen bajo un formato aprobado por el Ministerio del ramo. Para el caso de los contratos suscritos entre las empresas de plataformas digitales y los trabajadores independientes se manejarán bajo un formato aprobado por la Defensoría del Pueblo para evitar cláusulas abusivas.
Prohíbe el uso de contratos de adhesión por parte de las plataformas digitales para regular la relación con los trabajadores dependientes e independientes. También, estipula que las empresas de plataformas digitales deben, entre otros aspectos, contar con una oficina física y un canal de comunicación físico y virtual, por medio de los cuales los colaboradores, trabajadores y usuarios puedan presentar sus reclamos y sean atendidos de manera personalizada; y, otorgar de forma gratuita todos los implementos y equipos de protección necesarios para que los trabajadores presten sus servicios de forma segura.
Comisión general
El Pleno de la Asamblea Nacional recibió las observaciones de Pablo Garcés, representante de la Asociación de Conductores de Apps del Ecuador (ASOCONAPPE); Paula Alomía, de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC); Carolina Hevia de Brants, del Frente de Trabajadores de Plataformas Digitales del Ecuador (FRENNAPP); Ana Patricia Muñoz, directora Ejecutiva de Grupo Faro; Kruskaya Hidalgo, del Observatorio de Plataformas Digitales; Bruno Valarezo, gerente de Plataformas Digitales del Ecuador (Clipp); Carlos Brunis, representante del taxismo de Pichincha; María Fernanda León, directora Ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa; Silvia Piedra, del colectivo de empresarias independientes de diferentes ciudades de la Costa; y, Wendy Galán, representante del colectivo de empresarias independientes de Quito.
Los comparecientes coincidieron que la tecnología y las plataformas digitales son una opción real y efectiva para generar empleos y mantener los comercios activos. Subrayaron que quienes laboran para las plataformas digitales, no son trabajadores independientes, sino trabajadores dependientes, por lo que la ley debe proteger sus derechos.
Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro, explicó que en Ecuador hay al rededor 60 mil trabajadores de plataformas digitales, de las cuales el 45% optó este trabajo porque no tiene otras oportunidades laborales. Esto evidencia, dijo, la importancia de que existan estos trabajos, pero se deben mejorar las condiciones laborales, ya que el 80% de trabajadores que realizan delivery trabajan más de 45 horas semanales para obtener un ingreso mensual promedio de USD 400 dólares.
De su lado, María Fernanda León, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa, agregó que en Ecuador hay 400 mil personas que se dedican a la venta directa, de las cuales el 87% son mujeres cabezas de hogar que han escogido esta actividad, porque les ofrece libertad, independencia económica y opción de tener un negocio propio. “Este sector ha empoderado realmente a las mujeres y ha aportado al desarrollo e independencia económica de la mujer”, agregó.
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