La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, en el marco del tratamiento del informe para primer debate del proyecto de Ley de Seguridad Privada, recibió observaciones de Fernando Santacruz, presidente de la Cámara de Seguridad Privada del Ecuador (CASEPEC) y de Hugo Molina, representante del Colectivo “Ingenieros en Seguridad Pública y Privada”.
Fernando Santacruz, presidente de la Cámara de Seguridad Privada, mencionó que desde hace 15 años no se les ha permitido, por decisión de los Gobiernos de turno, renovar el armamento, incluyendo la munición que se usa en sus labores, tema que les tiene muy preocupados
El presidente de la comisión, Ramiro Narváez, señaló que existe una confusión entre el uso de la fuerza y la seguridad privada. La legítima defensa puede nutrirse con capacitación sobre niveles de agresión, mientras que el uso progresivo de la fuerza tiene una regulación diferenciada, explicó.
“Si es necesario revisar los requisitos para la importación de armas y municiones hay que analizarlo y por supuesto mejorar la norma", enfatizó.
De su lado, Hugo Molina, del Colectivo Ingenieros en Seguridad Pública y Privada, destacó que es importante considerar la capacitación, la responsabilidad y el riesgo que representa la dotación de un arma a guardias de primer nivel.
Además Fausto Alvear, de CASEPEC, indicó que es necesario que se establezca una política pública de tenencia y porte de armas en seguridad privada, para los 60 mil guardias.
Como segundo punto del orden del día la comisión conoció el informe de la Corte Nacional de Justicia sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Legislatura para prevenir y resolver la crisis carcelaria y la situación de inseguridad.
Según el reporte, la Corte Nacional de Justicia ha acogido el 40% de las recomendaciones, 40% ha sido acogido parcialmente o registra avances y el 10% no se ha cumplido.
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