El Pleno de la Asamblea Nacional se instaló en la segunda jornada de trabajo para avanzar con el juicio político en contra de Fausto Murillo, José Morillo, Maribel Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura y María del Carmen Maldonado expresidenta del organismo.
La sesión de hoy inició con la lectura del informe que presentó María del Carmen Maldonado, en el que detalló el trabajo efectuado para responder las siete causales planteadas por los interpelantes Viviana Veloz y Luis Almeida.
En el documento se hace mención al proceso de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que contó con el apoyo de un comité de expertos que brindaba asistencia técnica, pero que fue el Consejo el responsable de este proceso. Precisó que la remoción de los servidores judiciales se realizó porque no alcanzaron el puntaje requerido para mantenerse en el cargo. Precisó que no se vulneró el derecho de seguridad jurídica a los jueces evaluados, pues actuaron sobre la base del el articulo 187 de la Constitución. También explicó el concurso para la selección de los nuevos magistrados.
Sobre los jueces provinciales aseguró que el proceso se llevó adelante en virtud que no había banco de elegibles y para no suspender el sistema nacional de justicia se realizó la designación temporal de conjueces en los puestos vacantes, de conformidad con el artículo 40, numeral 2 del Código de la Función Judicial.
Réplica
La legisladora Viviana Veloz señaló que los interpelados se limitaron a repetir los mismos argumentos, pero no desvirtuaron las acusaciones. No es verdad que Revolución Ciudadana quiera tomarse la justicia, porque si se les llega a censurar y destituir, el Consejo se reconformará con los suplentes designados en el 2018.
Entre otros aspectos, mencionó que la sentencia de la Corte Constitucional es de cumplimiento obligatorio, por tanto no debe interpretarse a conveniencia. En este marco, dijo que la evaluación sí afectó la seguridad jurídica, al separar a jueces sin respetar el debido proceso y los tiempos establecidos. Sobre el banco de elegibles señaló que en Derecho Público, el Consejo estaba facultado a revisar la decisión que lo declaró agotado, a fin de hacer respetar los artículos 72 y 73 del Código de la Función Judicial.
En cuanto al déficit de 400 fiscales provinciales, precisó que se incumplió el concurso para su designación. Hubo inobservancia respecto a la oportunidad para realizar la evaluación, lo cual genera inseguridad jurídica y por tanto inconstitucionalidad, señaló Viviana Veloz al reiterar que existe ineficiencia institucional e incumplimiento de funciones.
De su lado, Luis Almeida insistió que hay vulneración de derechos a los jueces. Los interpelados no han podido justificar el nombramiento de conjueces. Indicó que Maribel Barreno fue fiscal del caso Sarayacu y del 30S. Tras advertir que la justicia no funciona en el país, aseveró que por esta razón se debe sancionar a quienes no cumplen las funciones otorgadas por la Constitución y la ley.
Por su parte, Maribel Barreno, en uso de la réplica, mencionó que los tres vocales del Consejo de la Judicatura dieron respuestas a las causales que se les imputa con pruebas conducentes, oportunas y apropiadas, demostrando que no incumplieron funciones establecidas en la Constitución y la ley. Lo que se busca es desacreditar a los vocales de la Judicatura con hechos que constituyen falacia sin argumentos fundamentados en la norma, agregó.
Dijo que es absolutamente falso que hay ofrecido notaría a la vez que afirmó que por el contrario fue ella quien denunció este hecho porque se utilizó troles con contenido falso para deslegitimar a una autoridad.
JLVN/pv
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