La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley que establece rentas a favor de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por venta de energía eléctrica (Decreto Ley No. 047).
En la normativa se consideran algunos elementos importantes, entre ellos, la contribución de estas provincias al cambio de la matriz energética, por su alta capacidad de producción hidroeléctrica, ya que en 2017 aportaron con alrededor del 33% de la demanda nacional de energía, mediante el aprovechamiento de recursos naturales renovables, no contaminantes y respetando a la naturaleza.
El proyecto se fundamenta en que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), donde están ubicadas las centrales hidroeléctricas y se explotan los recursos naturales, requieren el acceso solidario y equitativo a los recursos financieros establecidos en el Presupuesto del Estado
Según el proyecto, en el Presupuesto se establecerá en favor de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua asignaciones equivalentes al 5% de la facturación por venta de energía a las empresas eléctricas que efectúe la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC.
La asignación contemplada en el Presupuesto y calculada sobre la base de la venta de energía de la Central de Paute será transferida directamente a los GAD en los siguientes porcentajes: 60% a los GAD municipales de Azuay, Cañar y Morona Santiago, recursos que se utilizarán en obras de infraestructura vial, gestión y saneamiento ambiental; y, 40% en partes iguales para los GAD parroquiales.
También se determina que la asignación presupuestaria calculada sobre la base de la venta de energía de las centrales de Pucará y Agoyán se transferirán en los siguientes porcentajes: 40% para el GAD provincial de Tungurahua, 40% para los municipios de la provincia, excepto el de Ambato que recibirá y el 20%.
La comisión designó a la legisladora Sofía Sánchez como ponente del informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
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