El proceso de fiscalización al Ministerio de Agricultura en relación al Proyecto Agroproductivo Ayalán tiene como objetivo asegurar la correcta implementación del Plan Tierras, destinado a la regularización de tierras rurales y territorios ancestrales, debido a los problemas vigentes de posesión, adjudicación y reclamos de las tierras correspondientes a la hacienda Ayalán.
El asambleísta Gustavo Mateus, como proponente de este proceso de control político, recordó que este proyecto fue impulsado en beneficio de los migrantes retornados, a quienes se les había adjudicado parte de estas tierras, para tiempo después desalojarlos. Aseguró también que en este proceso se evidencian irregularidades en las adjudicaciones a favor de grupos de poder, siendo necesario que se inicien las investigaciones por parte de la Fiscalía y Contraloría.
Los asambleístas Peter Calo y Francisco León coincidieron con las expresiones de Gustavo Mateus. Además expresaron su sentir por la situación que están viviendo los migrantes retornados, quienes han mostrado su gratitud con la comisión por su preocupación en el tema. Es lamentable escuchar y ver estas situaciones en las que el Estado no hace nada en beneficio de estas personas afectadas, concluyeron.
Por su parte la asambleísta Patricia Sánchez aseguró que “el caso Ayalán no es el único en donde se presentan problemas con las adjudicaciones de tierras, sino que existen muchísimos casos con el mismo denominador común; las municipalidades también son partícipes directas, apoyándose en el cambio de uso de suelo”, subrayó.
El informe, aprobado por ocho votos afirmativos y una abstención, dispone remitir el contenido integro del mismo a los órganos de control del Estado, para que inicien las investigaciones; que de igual manera se realicen los exámenes especiales pertinentes; y, solicitar al Ministerio de Agricultura y Ganadería un informe detallado, respecto del proceso administrativo que ha iniciado de oficio en contra de las doce adjudicaciones que presumiblemente han sido otorgadas de manera irregular.
En otro orden, la comisión acogió la resolución del Consejo de Administración Legislativa para sustanciar un nuevo requerimiento de información a la Alcaldía de Quinindé en un plazo de quince días, ante el incumplimiento en la entrega de la documentación requerida.
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