La Comisión de Desarrollo Económico recibió a Lucía Placencia, María Fernanda Astudillo y Alejandro Jaramillo, asambleístas proponentes de tres nuevas iniciativas legales en materia de telecomunicaciones, economía popular y solidaria; y, tributos, respectivamente.
La legisladora Lucía Placencia plantea reformas a las leyes de Telecomunicaciones, Educación Intercultural; y, Educación Superior, con el fin de garantizar el acceso a la conectividad y alfabetización digital, a través del despliegue de redes comunitarias en zonas urbano-marginales, rurales, fronterizas y prioritarias.
Entre otros aspectos, la iniciativa establece que las redes comunitarias de telecomunicaciones serán operadas por organizaciones sociales sin fines de lucro o de la economía popular y solidaria legalmente constituidas, que autogestionarán servicios de telecomunicaciones en zonas urbano-marginales, rurales, fronterizas y prioritarias determinadas por el ente rector de las telecomunicaciones.
También propone la reducción de tarifas por el uso del espectro radioeléctrico para los prestadores de servicios de telecomunicaciones que implementen proyectos destinados a mejorar la conectividad en esas zonas.
De su lado, la asambleísta María Fernanda Astudillo explicó que el proyecto de ley pretende actualizar la Ley de Economía Popular y Solidaria y la Ley de Contratación Pública, para fortalecer y garantizar el desarrollo de las organizaciones de este sector de la economía.
La norma plantea la obligación de priorizar a las organizaciones de la economía popular y solidaria en procesos de contratación pública y que los contratos incluyan cláusulas respecto de multas por mora y el plazo máximo de 15 días para el pago de anticipo, en caso de haberlo.
Finalmente, el parlamentario Alejandro Jaramillo expuso el proyecto de Ley Reformatoria al Decreto - Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, que, según dijo, nace de la necesidad de ayudar a la clase media ecuatoriana que ha sido afectada económicamente con el actual régimen impositivo.
El proyecto, entre otros aspectos, deroga el capítulo V del Decreto-Ley referente al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares – RIMPE; y, la posibilidad de que las personas naturales deduzcan hasta el 50% de sus gastos personales, del total de los ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta.
De acuerdo con el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión tiene un plazo máximo de 90 días contados a partir del inicio del tratamiento de los proyectos de ley, para presentar el informe para primer debate. Dentro de este plazo, se considerará un tiempo no menor a los quince primeros días, para que la ciudadanía que tenga interés en los referidos proyectos, acuda a exponer sus criterios y observaciones.
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