La Comisión de la Niñez mantuvo una sesión de trabajo en la ciudad de Riobamba, donde recibió a jueces y autoridades, quienes presentaron sus observaciones al Libro IV del Código Orgánico para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA), en torno al Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes y Justicia Especializada.
Bayardo Gamboa, juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer y Adolescencia, centró su análisis en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 37 obliga a los estados a velar porque ningún niño sea sometido a torturas ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Destacó la necesidad de afrontar los conflictos, la violencia y los delitos que involucran a adolescentes, víctimas y comunidad. Sostuvo que este enfoque promueve la participación activa de los involucrados en el conflicto, la violencia o el delito, procurando la reparación emocional.
Explicó que a diferencia de la justicia retributiva (punitiva), en la cual la vulneración a la ley y el castigo consecuente constituyen el eje central, la justicia restaurativa se centra en las consecuencias que el delito ha supuesto para una persona y la necesidad de repararlo.
De su lado, Carlos Sañay, director del Centro de Adolescentes Infractores de Riobamba, tras agradecer a la mesa legislativa por la apertura para tratar el tema, habló de los adolescentes que viven día a día en conflicto con la ley penal. Informó que en la actualidad existen 9 unidades zonales y cada una de estas atiende a tres y cuatro provincias con su respectivo equipo de trabajo.
Consideró que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) debe tener a su cargo la rectoría y ejecución de la política pública relativa a las personas adolescentes con responsabilidad penal, a más de regular la organización, gestión y articulación de entidades públicas y privadas necesarias para el correcto funcionamiento de los centros de atención integral de los adolescentes.
Sostuvo que esta articulación se haría especialmente con los ministerios encargados de Salud y Educación y las entidades competentes en el sistema de responsabilidad de estos grupos sociales y el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes a nivel central y descentralizado.
Entre tanto, Ángel Cujilema, Técnico de Territorio para Chimborazo del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional, reconoció los avances del proyecto y la importancia de contar con una reforma integral a este cuerpo legal. Sostuvo que la institución a la que representa ha trabajado en la propuesta del Libro IV sobre la responsabilidad penal de adolescentes y justicia especializada.
Finalmente, la presidenta de la comisión, Pierina Correa resaltó la participación de los diversos actores en la discusión del proyecto, quienes coinciden que hay algunos vacíos, por lo que se realizará una revisión integral.
HC/pv
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