La Comisión del Derecho al Trabajo tendrá tres sesiones este jueves, en las que debatirá tres proyectos de ley y evacuará otros pedidos de fiscalización. La jornada iniciará a las 10h30 con el tratamiento del proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Derecho al Cuidado Humano.
Para este efecto escuchará a los representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a fin de contar con sus conocimientos y experiencia sobre la lactancia materna, adopción y beneficios de fortalecimiento de vínculos afectivos parento filiales, a través del cuidado humano. También contará con el aporte técnico de la Defensoría del Pueblo.
En la segunda sesión, convocada para las 11h30, iniciará el tratamiento de los proyectos de reformas para asegurar la inserción laboral de los jóvenes e igualdad de trato en el sistema laboral.
En el primer caso, las reformas buscan garantizar el derecho al trabajo de los jóvenes entre 18 y 29 años, así como otorgar incentivos a los empleadores. Dichas medidas legislativas se dirigen a disminuir y eliminar la discriminación por edad, en el acceso al ámbito laboral.
Mientras que la interpretativa tiene como propósito reconocer que el pago de una compensación económica a los trabajadores y servidores públicos por supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación.
En la sesión convocada para las 12h00, los legisladores tramitarán las peticiones de fiscalización y control político, presentadas por el asambleísta Salvador Quishpe para la comparecencia del gerente de Petroecuador, Hugo Aguiar; los ministros de Trabajo, Patricio Donoso; y, de Salud Pública, José Ruales.
Estas comparecencias guardan relación con las demandas del Frente Nacional de Jubilados del Ministerio de Salud Pública referente a las obligaciones pendientes desde el año 2012 hasta el 2015; de los días sábados, domingos y días festivos, a los trabajadores que se han acogido a la jubilación; del Frente de Unidad de Trabajadores de Cervecería Nacional; y, de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo, que reclaman el pago de remuneraciones pendientes de Petroecuador a un grupo de servidores públicos desde el año 2017 hasta 2021.
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