Garantizar un estado justo y evitar la criminalización de las personas que ejercen el derecho a la resistencia y a la protesta social, la defensa de derechos humanos, derechos colectivos y derechos de la naturaleza, es el objetivo del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal presentado por el asambleísta Fernando Cabascango.
El parlamentario explicó que, frente a las luchas sociales y ejercicio de derechos por parte de algunos sectores de la sociedad, en particular de los pueblos y nacionalidades, el Estado siempre ha usado el sistema penal, la violencia y la aplicación del poder punitivo, para perseguir y criminalizar el ejercicio de los derechos constitucionales.
Manifestó que “en la historia se han cometido incluso crímenes de lesa humanidad en contra de determinados sectores de la sociedad ecuatoriana, mientras que otro sector se ha beneficiado de la impunidad y protección del propio sistema penal”.
Indicó que también se crean mecanismos para proteger a las víctimas del uso excesivo del poder punitivo y la violencia estatal, con énfasis en las personas o grupos de atención prioritaria, niños, niñas, mujeres, personas adultas, personas con discapacidad, personas que pertenecen a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Por último, expresó que este proyecto pretende proteger los derechos de estos colectivos en el ámbito de su ejercicio y cuyas acciones no deberían ser penalizadas sino resueltas mediante el uso de otros mecanismos de justicia.
SL/pv
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