La Comisión de Fiscalización recibió a los legisladores José Chimbo y Ricardo Vanegas, solicitantes de juicio político contra los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quienes argumentaron el incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la Ley, al remover ilegalmente al vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo y en la designación de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial, quien mantenía conflicto de intereses con el extitular del Consejo, Christian Cruz.
José Chimbo recordó que el 23 de abril de 2021, los consejeros Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira dispusieron la remoción de Fausto Murillo como vocal del CJ, por incurrir en un supuesto impedimento para ejercer cargo público, según constaba en una certificación del Ministerio de Trabajo, en la administración de Andrés Isch.
Indicó que aquella resolución violentó normas constitucionales y legales, causó estado y fue declarada como inconstitucional e ilegal por una Sala de lo Civil y Mercantil de Pichincha.
Respecto de la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT), aseguró que no se verificaron los documentos de los postulantes con la precisión del caso, lo cual incidió en que no se haya determinado el conflicto de interés del postulante Iglesias con el expresidente del Consejo.
De su lado, Ricardo Vanegas reiteró que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la facultad de designar a algunas autoridades de control pero no tiene la atribución de remover o destituir a ninguno de ellos, como el caso del vocal del CJ Fausto Murillo, función que corresponde a la Asamblea Nacional, mediante juicio político. Por tanto, actuaron de manera ilegal, sin tener competencia para resolver sobre la permanencia o no de un funcionario en el ejercicio de su cargo.
Así mismo, afirmó que el conflicto de intereses del señor Iglesias no era su problema, sino de quienes lo nombraron. Si en una hoja de vida se incluyen como parte de los justificativos de experiencia era responsabilidad de la Comisión Técnica, primero y de los consejeros, después, verificar en qué condición participó el profesional aspirante, en este caso, en la preparación de proyectos de ordenamiento territorial y quién era su jefe, que resultaba ser uno de los miembros del órgano que iba a nombrar a la primera autoridad de la SOT, advirtió.
Los solicitantes del juicio político reiteraron la necesidad de sancionar con la censura y destitución a quienes actuaron al margen de la ley, con falta de diligencia en procesos fundamentales para el país, como es la designación de autoridades de control, en este caso, del Superintendente de Ordenamiento Territorial.
EG/pv
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