Dentro del proceso de socialización del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la Comisión de Relaciones Internacionales escuchó las observaciones de Rosy Machuca y Nina Guerrero de la Defensoría Pública; Gabriela Rojas, de la Cruz Roja Ecuatoriana; Josetxo García, secretario ejecutivo Pastoral Social Caritas Ecuador; y, Edward Acuña, representante para Ecuador CARE.
Rosy Machuca recordó que la sentencia que expidió la Corte Constitucional sobre el tema llama a no cometer vulneraciones a los derechos humanos y el debido acceso a la justicia, a fin de garantizar las libertades, mientras que Nina Guerrero mencionó que la sentencia nace del contexto de casos que reflejan la problemática de inadmisión de migrantes extranjeros en territorio ecuatoriano, al no cumplir los requerimientos del control migratorio, atentando contra su derecho a la libertad.
De su lado, Gabriela Rojas expresó que la asistencia humanitaria debe estar alineada a la política pública y estrategias para velar por los derechos de las personas migrantes y reducir la vulnerabilidad y evitar sufrimiento humano.
Josetxo García se refirió a realidades concretas y casos alarmantes que requieren la protección internacional, con enfoque de derechos humanos e intersectoriales. "Los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad son parte de grupos vulnerables que huyen de duras realidades y que no pueden regularizarse, piden una mirada sensible y humanitaria a los derechos de extranjeros y nacionales que requieren asistencia", señaló el Secretario Ejecutivo Pastoral Social Caritas Ecuador.
Romina Cozzani, representante para Ecuador del Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli CISP, expuso cuáles han sido sus acciones para dar respuesta a la crisis de migración con acciones de integración y acogida, en las cuales detalló el trabajo directo en territorio formando equipos situados en ciudades fronterizas y la necesidad de enriquecer el debate con datos concretos para tener en cuenta las condiciones y vulnerabilidad de los migrantes.
Edward Acuña, representante para Ecuador CARE, hizo referencia al principio de ciudadanía universal y la condición de extranjero, así como a las arbitrariedades por parte de ciertas autoridades dedicadas al control migratorio y de movilidad.
La legisladora Mónica Palacios afirmó que las políticas públicas para atender esta problemática deben estar basadas en la defensa de los derechos humanos, independientemente de la nacionalidad.
ES/pv
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