En el marco del debate del proyecto de Ley de Salud Mental, la Comisión del Derecho a la Salud recibió los criterios de Carlos Orellana, médico psiquiatra y psicólogo clínico en el OmniHospital de la ciudad de Guayaquil. Fue enfático en señalar que mientras el usuario no esté en condiciones de lucidez mental para otorgar su consentimiento, el mismo será firmado por su familiar, su representante legal o quien ostente la patria potestad.
Recalcó que el estado de incapacidad deberá estar registrado, en su historia clínica, por dos especialistas en psiquiatría.
Así mismo, recomendó que cuando las personas con trastornos mentales internadas se encuentren a la vez en situación de abandono o desprotección, una vez controlada la crisis que provocó su internamiento u hospitalización, el equipo interdisciplinario, en coordinación con la Autoridad Nacional de Inclusión Económica y Social, dispondrá la búsqueda de familiares de la persona atendida.
En caso de que no se ubique a sus familiares, o no exista familia o no tenga casa, dichas personas serán trasladadas a hogares protegidos y, excepcionalmente, a centros de atención del Estado, donde continúan recibiendo el tratamiento ambulatorio a que hubiere lugar en el establecimiento de salud más cercano.
En los casos de abandono de personas con trastornos de salud mental, el galeno sugirió se proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Código Orgánico Integral Penal.
Suicidio
En este marco, la comisión analizó el suicidio de un joven estudiante de medicina durante el curso de su internado en un hospital de Ambato. Geovanny Contreras, representante estudiantil de la Universidad UTE tras narrar la difícil situación que viven los estudiantes de Medicina, aseguró que este caso no es simple, ni aislado. Lo sucedido evidencia la realidad que viven históricamente, no solo los estudiantes de Medicina, sino a los posgradistas, quienes tienen que enfrentar el acoso dentro de las universidades independientemente si es institución publica o privada, reiteró.
Indicó que han recibido otras denuncias, a partir del caso de Fabricio, que se quitó la vida debido a las diferentes complejidades del sistema de salud, entre ellas, el acoso laboral y la difícil situación económica. Planteó que se concreten todos los códigos y acuerdos relacionados con la salud mental; se considere a los estudiantes que están con problemas de salud mental por acoso laboral; se fiscalice a los hospitales; y, no se deje en la impunidad el caso de “Fabricio”.
Los legisladores también escucharon los testimonios de Washington López, padre del joven fallecido. Él compartió parte de la vida de su hijo, del que dijo fue un chico con muchos sueños, destacado estudiante y deportista. Además habló de los sacrificios económicos que hicieron para atender sus estudios. Pidió que su muerte no quede impune para que ningún otro padre pase por su misma situación.
La asambleísta Patricia Mendoza mencionó que conocer diferentes casos de esta índole permitirá que la construcción de la Ley de Salud Mental responda a las necesidades. Además consideró que la Asamblea y el Ejecutivo deben implementar leyes y políticas públicas que combatan el suicidio.
Al finalizar la reunión, la comisión decidió llamar al Gerente y Director Médico, y Director de Docencia del Hospital de Ambato, quienes son los encargados de velar por la seguridad del personal.
RSA/pv
Más fotografías:
