Representantes del Ministerio de Salud; Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas; Secretaría de Derechos Humanos; y, Defensoría del Pueblo, acudieron a la Comisión de Justicia, con el fin de analizar el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, Código de la Función Judicial y otras leyes, para implementar el modelo de justicia terapéutica, en el marco de la construcción del informe para primer debate.
La vicepresidenta de la comisión, Dina Farinango destacó que las observaciones de los comparecientes permitirán enriquecer el proyecto para preparar el informe para primer debate en el Pleno de la Asamblea.
Francisco Pérez, de la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, expresó que es importante que la Legislatura estudie este tipo de propuestas para mejorar la situación de las personas consumidoras de sustancias psicotrópicas.
Insistió que se trata de un proyecto de alto interés por su connotación política, económica y social, a la vez recordó que este modelo ha sido aplicado en otros países. Sugirió que se consideren también otros delitos relacionados con drogas como el microtráfico y las mulas, no solamente al consumo.
Tras advertir que el modelo generará grandes gastos que deben ser considerados en el proyecto, manifestó que hace fata un estudio sobre consumo problemático de alcohol y otras drogas en los centros de rehabilitación social, así como por parte de jóvenes infractores. También detalló los costos que implica el tratamiento de estas personas que son asumidos por el Ministerio de Salud.
De su lado, Alexis Noboa, asesor Jurídico del Ministerio de Salud, expresó que la implementación de este programa requerirá un aumento importante del presupuesto del Ministerio, ya que con las asignaciones presupuestarias actuales no podría asumir todas las competencias que otorga este proyecto.
Explicó que tendrían que ampliar el área de salud mental, al tiempo que sugirió implementar el programa por fases y se disponga al Ministerio de Finanzas que para el presupuesto de los próximos años considere estas competencias.
Desde el punto de vista técnico apoyamos esta propuesta, subrayó el funcionario, al sugerir la presencia de representantes del Ministerio de Gobierno que tiene a su cargo el manejo de temáticas relacionadas con el consumo de drogas, que es un problema de salud pública.
A su vez, Elizabeth Zunio, de la Secretaría de Derechos Humanos, agradeció la apertura de la comisión para debatir esta propuesta y recibir las observaciones. Afirmó que es imprescindible aplicar un enfoque interdisciplinario en la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad que tiene su origen en el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Informó que trabajan en una verdadera rehabilitación que demanda estrategias para lograr un proceso de cambio. Señaló que la política pública en esta materia, basada en instrumentos internacionales, considera ya el consumo problemático de alcohol y otras sustancias psicotrópicas.
Reconoció que la Secretaría no tiene datos sobre el número de consumidores, ni los rangos de edad de las personas privadas de libertad con este tipo de problemas, argumentando que esa información posee el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Por último, en representación de la Defensoría del Pueblo, intervino Christian Nieto, quien manifestó que la justicia terapéutica se ha trabajado ya en otros países, como Puerto Rico, como una forma para reducir el hacinamiento carcelario.
Comentó que, para implementar estas acciones para trabajar en la rehabilitación social de estas personas, es necesario conocer cuántas detenidos hay por microtráfico y consumo en los centros de rehabilitación social y así evitar la reincidencia.
El presidente de la mesa legislativa, Alejandro Jaramillo solicitó a los comparecientes remitir las observaciones por escrito para sistematizarlas y evaluarlas el momento de elaborar el informe para primer debate.
PV
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