La Comisión del Derecho a la Salud recibió a María Enríquez y Pablo Ormaza, representantes de la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, quienes dieron observaciones al proyecto de Ley para Prevenir y Erradicar la Malnutrición Adulta e Infantil. Precisaron que la propuesta centra la problemática en la alimentación, pero no toma en cuenta la desnutrición crónica como un problema económico, social, multicausal y multisectorial, por lo que pidieron a la mesa legislativa abordar el tema desde las causas.
Pablo Ormaza, señaló que la malnutrición y desnutrición deben ser vistas también como consecuencia de la falta de un adecuado acceso al agua potable por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, así como la falta de control del niño sano, el embarazo adolescente, acceso oportuno a los servicios públicos, etc.
Solicitó incluir en el artículo 7 el enfoque intergeneracional, revisar la nueva institucionalidad que se crea, a fin de no duplicar funciones con otras carteras de Estado.
De su lado, José Villena, experto y representante de la sociedad civil, solicitó replantear el título del proyecto que toma en cuenta solo la malnutrición pero no la desnutrición crónica. Sugirió considerar la falta de agua potable; incluir el enfoque intergeneracional; la investigación científica aterrizada en datos reales de Ecuador y no solo cifras mundiales y regionales y patologías de personas adultas en la malnutrición como principales causas de muerte.
Los legisladores Marcos Molina, presidente de la mesa legislativa y Joel Abad señalaron que la desnutrición y malnutrición son temas que abordan aspectos diferentes. El uno tiene que ver con el déficit alimentario, el otro, cuando un individuo malnutrido puede ingerir alimentos incluso en exceso, pero no son sanos. Además, se debe tomar en cuenta la falta de trabajo y pobreza como causales de esta problemática, dijeron.
Salud mental
En otro orden, los comisionados escucharon a Juan Ayala, presidente de la Asociación de Psiquiatría de Ecuador, quien expresó que Ecuador es uno de los países que no cuentan con una normativa de esta naturaleza, por lo que agradeció a la mesa legislativa y al Parlamento su tratamiento.
Entre sus observaciones, manifestó que se debe tomar en cuenta la bioética institucional, que permitirá crear evidencia científica para robustecer una apropiada historia clínica del paciente. Pidió retirar del articulado al médico especialista en psicofarmacología, en razón de que no posee la formación requerida para la atención de pacientes con trastornos de salud mental. Sugirió establecer sanciones a quienes pretendan brindar atención con métodos sin respaldo científico, porque atenta contra la salud del paciente.
JLVN/pv
