La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, junto a directivos del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos intensificó el estudio del proyecto de Ley para la Acción Social y Voluntariado en el Ecuador, normativa que está basada en un modelo que contempla la gratuidad, la libertad y el bien común donde la visión comunitaria se sobrepone al interés personal.
Washington Quinchuela, director Nacional de Juventudes del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), manifestó que el fortalecimiento del proyecto de Acción Voluntaria se enmarca en la ejecución de actividades, planes y proyectos.
Expresó que la propuesta normativa no tiene incidencia directa en las competencias del Ejecutivo en el ámbito económico, a la vez señaló que se busca fortalecer el voluntariado como una práctica cotidiana, en beneficio de toda la ciudadanía.
Entre tanto, María Verónica Cando, viceministra del MIES, explicó que la gestión de la institución se caracteriza por la prestación de servicios cívicos y ciudadanos y en la generación de estrategias para el uso del tiempo libre y realizar política pública juvenil, especialmente en los niveles juveniles y de la adolescencia.
Emerson Benítez, director de Asistencia Humanitaria del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), afirmó que esta normativa tiene como finalidad amparar la participación de las y los voluntarios, quienes tienen la capacidad de transferir conocimientos y experiencias, así como fomentar el intercambio de buenas prácticas y acciones colectivas.
Sostuvo que las organizaciones deben aportar con las garantías necesarias para la participación, estrategias e iniciativas que requieran la acción de los voluntarios en favor de la comunidad.
En otro ámbito, compareció Lorenzo Mayacela, exconcejal de Cañar, quien subrayó que en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes de la sociedad civil y territorial para elaborar presupuestos participativos, fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social.
Estos criterios serán considerados en el tratamiento de las reformas a la Ley de Participación Ciudadana para la Gestión Democrática de los Presupuestos Participativos.
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