La Comisión de Fiscalización recibió de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a través del jurista André Benavides, algunas sugerencias de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), con el propósito de dotarle eficacia a los procesos de fiscalización y control político que desarrolla la Asamblea Nacional.
Benavides indicó que se ha desarrollado un amplio estudio acerca del ejercicio de las atribuciones de la Asamblea Nacional en materia de fiscalización y control político. Así, por ejemplo, en lo que atañe al juicio político es necesario que los funcionarios cuestionados puedan comparecer con el acompañamiento de su defensa técnica. Si bien el juicio político no es equiparable a un proceso judicial ordinario, se requiere que el funcionario pueda efectuar una defensa debidamente asesorada y organizada, añadió.
Dijo que actualmente, pese a que no existe la figura de juzgamiento en ausencia, hubo casos en los cuales el Asamblea enjuició, censuró y destituyó a funcionarios en rebeldía, hecho que podría configurar una violación a las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa. “Una cosa es citar al funcionario, convocarlo para que comparezca y si no lo hace, se juzgue en rebeldía y otra que no se cumpla con esta fase previa y se desarrolle el juicio sin la presencia del encausado, por lo que es necesario que la ley prevea estos casos”, resaltó.
Respecto de las sanciones, el experto consideró que la inhabilitación para el ejercicio de un cargo público por dos años a consecuencia de la censura y destitución, es una sanción insuficiente, sobre todo cuando está en juego el mal uso o abuso de fondos públicos, en perjuicio de la ciudadanía. En estos casos, como consta en la Ley Orgánica de Servicio Público para cualquier funcionario, la inhabilitación debería ser permanente.
En torno a los requerimientos de información, recordó que si un funcionario no atiende el pedido de la Asamblea, podría derivar en un juicio político, esto cuando se trata de servidores sujetos al control político de la Asamblea. En los demás casos, cuando se trata de un Alcalde o de otro funcionario que no rinde cuentas ante el Parlamento, simplemente no hay manera de conminarlo a que entrega la información requerida. Esto se debe revisar, añadió.
La presidenta encargada del organismo, Ana Belén Cordero, agradeció por las sugerencias planteadas y dijo que serán consideradas dentro de la mesa para, de ser el caso, proponer un proyecto de reformas a la LOFL.
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