La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió a autoridades de la Policía Nacional, quienes explicaron el estado de los vehículos patrulleros y motocicletas con las que cuenta la institución en la provincia de Manabí, de acuerdo con la solicitud formulada por el asambleísta Lenin Barreto.
Nelson Almendáriz, comandante de la Subzona Manabí No. 13, indicó que la vida útil de los automotores es de 5 años, sin embargo, las camionetas y automóviles que posee la Policía son de 2008 y 2012. Subrayó que los vehículos permanecen en funcionamiento gracias al mantenimiento preventivo y correctivo que se les da.
María Gualotuña, jefe del Departamento de Soporte Operativo de Subzona Manabí No. 13, agregó que la condición de las vías en territorio afecta el estado de los vehículos que registran un recorrido diario aproximado de 200 km. Resaltó que todos los automotores reciben 3 mantenimientos preventivos y 1 correctivo al mes.
Lenin Barreto recordó que en marzo de este año la mesa legislativa recibió información sobre el estado del parque automotriz de la provincia de Manabí, que cuenta con una flota de 970 vehículos, de los cuales 214 no se encontraban operativos y que el presupuesto para mantenimiento es de 800 mil dólares.
Agregó que la flota vehicular a nivel nacional es de 5.149 unidades, de las cuales 870 no están operativas. Subrayó que en las provincias de Esmeradas, Azuay, Bolívar, Napo y Orellana los vehículos inactivos superan el 50%.
Los comisionados rechazaron la ausencia del Ministro del Interior, quien fue llamado para que informe la situación del parque automotor de la Policía a nivel nacional, por lo que, de manera unánime, resolvieron que en un plazo máximo de cinco días, el titular de esa cartera de Estado envíe información actualizada, completa y detallada al respecto e insistir en su comparecencia.
En otro orden, la mesa legislativa recibió en comisión general a Judy Loor Marquínez y Javier Bonilla, miembros del Comité Pro-Cantonización de San Isidro, cantón Sucre, provincia de Manabí, quienes presentaron una propuesta para reformar el artículo 22 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), referente al requisito de población para creación de nuevos cantones.
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