La Subcomisión de Garantías Constitucionales que investiga los casos de femicidios recibió a Diana Salazar, fiscal general del Estado; Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura; María Cando, viceministra de Inclusión Social; y, a representantes del ministerio de Educación.
La subcomisión fue creada a raíz del femicidio de María Belén Bernal, con la finalidad de prevenir y erradicar la violencia de género, a más de asegurar que las víctimas y familiares tengan la asistencia y acompañamiento necesario en estos casos.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, tras saludar la iniciativa de conformar esta subcomisión para abordar esta problemática de una manera integral, expresó que “es urgente que el Gobierno trabaje en la creación de políticas para prevenir este tipo de violencia, porque no se pueden tomar medidas únicamente desde el lado penal, se requiere un compromiso político y leyes que generen igualdad de género”.
Además reconoció las falencias de la Fiscalía en ciertos casos. “Hacemos un mea culpa con las mujeres, niñas y víctimas de violencia, la deuda es muy grande y para saldarla tenemos que actuar sobre la estructura para cumplir con nuestras obligaciones”, finalizó.
Por su parte Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, aseguró que esto no se trata de expresar nuestras falencias, porque esas respuestas no satisfacen en nada a quienes están esperando justicia. Por esa razón, se comprometió a tomar nota de cada uno de los casos de las personas presentes, quienes han transmitido esa angustia y frustración de no saber que está pasando y qué va a pasar en cada uno de sus casos.
Las madres y familiares de las víctimas presentes en la sesión expusieron sus casos ante las autoridades. Mostraron su frustración ante situaciones que no han sido llevadas por los canales correctos en cuanto a las investigaciones y dictámenes judiciales. Denunciaron corrupción, detallando los nombres de funcionarios que han actuado de manera parcializada, como un punto general en todos los casos presentados.
En respuesta de la Fiscal y el Presidente del Consejo de la Judicatura, se comprometieron a realizar las investigaciones necesarias para tomar las acciones disciplinarias que correspondan de confirmarse las denuncias presentadas.
María Cando, viceministra de Inclusión Social, se refirió a la entrega de los bonos de orfandad a los hijos de las víctimas de femicidio, que se conceden una vez iniciada la investigación previa, no como se hacía anteriormente, después de una sentencia.
Los familiares de las víctimas compartieron con la viceministra cada uno de sus casos, pues sostienen no se ha cumplido con la entrega de este bono.
Al finalizar, el representante del Ministerio de Educación expresó que el rol de esa institución en el tema violencia de género es de prevención, que busca cambiar patrones socioculturales. Puntualizó que este es un tema que se trabaja en conjunto con las familias y se inicia desde tempranas edades.
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