Con 124 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió observar y devolver al Ejecutivo la Proforma Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2023, que asciende a 31.503 millones de dólares y la programación presupuestaria cuatrianual 2023-2026. Los parlamentarios acogieron el informe de la Comisión de Régimen Económico que contiene 10 conclusiones y siete recomendaciones. El Ejecutivo tiene 10 días para pronunciarse sobre las observaciones del Parlamento.
Entre las recomendaciones se plantea al Ejecutivo que ajuste el precio del barril de petróleo; se sustente las bases de cálculo de los valores en la Proforma 2023 para evidenciar el cumplimiento del financiamiento del Sistema Nacional de Salud; asignar los recursos para las universidades para que puedan cubrir las disminuciones en su plan anual de inversiones al presupuesto codificada en el 2022.
También recomienda aumentar la asignación de la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes; en el presupuesto codificado 2023 revertir la disminución del 22,84% para obra pública; revertir para la Policía Nacional la disminución de 5,95 millones de dólares; ajustar el Plan Anual de Inversiones para dar solución a la falta de pago del incentivo jubilar.
En cuanto a las conclusiones sugiere tomar en cuenta el indicador de crecimiento económico; exhibe un déficit fiscal de $2.629,92 millones, lo que representa el 2.1% del PIB, ajustar el precio del barril de petróleo; tomar en cuenta la disminución del 22.84% en rubro de obras públicas; reducción de $147 millones para proyectos de inversión; reducción del sectorial de asuntos internos de $35,14 millones; disminución del presupuesto de la Policía Nacional por $5.95 millones y de la Secretaría de Derechos Humanos por $6.08 millones.
Se determina que las preasignaciones constitucionales y legales para el caso de la educación inicial, básica y bachillerato, así como para el sistema de salud pública no reportan los saldos finales, lo cual dificultó verificar el estricto cumplimiento de las respectivas asignaciones, por lo que recomienda al Gobierno Nacional que reconozca en la Proforma 2023 la deuda con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Amazónicos Provinciales, Municipales y Parroquiales.
Ponencia
La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño señaló que la mesa legislativa revisó de manera técnica la Proforma 2023 y la programación presupuestaria, encontrando inconsistencias en los supuestos macroeconómicos. Dijo que el precio del barril de petróleo se subestima al ponerlo en 64.84% cuando las agencias internacionales mencionan que debería estar por sobre los 90 dólares.
Hay incumplimiento constitucional al sector salud, pues la asignación debía ser de 4.014 millones de dólares y solo se registra 3.601 millones de dólares, es decir faltan 186 millones de dólares. Señaló que a la Policía Nacional y la Secretaría de Derechos Humanos tienen reducciones de 6 millones de dólares, cada una. Se reduce: la inversión en 128 millones de dólares para las Universidades, el Plan Anual de Inversiones en 147 millones de dólares y la obra pública en 22% es decir 118 millones de dólares. Precisó que la Proforma 2023 debe ser devuelta al Ejecutivo con las observaciones sugeridas.
Debate
En la continuación de la sesión 814 del Pleno intervinieron 21 asambleístas quienes expusieron las inconsistencias de la proforma 2023, entre ellas: se sobrestima el crecimiento el PIB indicando que se fija en el 3.1% cuando debería ser del 2.6%. Además, discreparon con el precio del barril de petróleo en 64.84 dólares cuando debía ser de 90 dólares. Dijeron que los recursos asignados a seguridad no son suficientes para solucionar los problemas del país. Recordaron que a octubre de este año solo se ejecutó el presupuesto en un 53%. Señalaron que no hay obras porque la mayor parte del presupuesto se destina al pago de la deuda.
Comisiones generales
Previamente los parlamentarios escucharon a Marco Zambrano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí; Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores; Tamia Esparza, representante de la Plataforma “Mujeres Caminando hacia la Igualdad”, Erik Barba, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador; y, Xavier Carrillo coordinador de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales (Conga), quienes advirtieron que la Proforma 2023 tiene errores y disminución de recursos para determinados sectores.
El rector de la Universidad de Manabí precisó que los 1.100 millones de dólares del Fopedeupo tiene un sesgo de desigualdad para las universidades a nivel nacional. La presidenta de la UNE señaló que la falta de ejecución del presupuesto 2022 perjudica la proforma 2023. Indicó que más de 220 mil niños y adolescentes abandonaron la escuela.
La delegada de la plataforma de mujeres solicitó incrementar el presupuesto para derechos humanos y de las instituciones vinculadas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El Presidente de la FEUE recordó que la educación constituye un área prioritaria de las políticas públicas, por lo que pidió respetar el presupuesto para las universidades.
El delegado del Conga, dijo que preocupa la asignación para la Amazonía. Recordó que los recursos provenientes del petróleo deben ser asignados en el 4% para la región. Pidió se tome en cuenta las observaciones realizadas a la Proforma 2023 para que el gobierno pueda rectificar y no se perjudique a la Amazonía.
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