En la Comisión de Fiscalización, en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud Pública, Ximena Garzón, propuesta por los asambleístas Nathalie Viteri y Ricardo Vanegas, por presunto incumplimiento de funciones, el actual secretario de Estado, José Ruales, justificó la contratación unificada de fármacos e insumos médicos para los hospitales del sistema público.
Ruales dijo que la compra mediante régimen especial está normada en la Ley de Contratación Pública y que es perfectamente posible que se lo haga con la participación de empresas públicas de las universidades, como las que pertenecen a la Universidad Técnica de Ambato (UTA) y a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ).
Aseguró que se cumplieron todos los procesos contractuales y que el Ministerio de Salud se encarga de verificar de manera obligatoria, entre otros temas, las buenas prácticas y el cumplimiento del registro sanitario que acredita a las distribuidoras de fármacos y suministros médicos.
Respecto de la situación de los pacientes con enfermedades catastróficas, el Secretario de Estado indicó que la prescripción de los medicamentos corresponde a los médicos tratantes y que el abastecimiento de los mismos se verifica en función de sus requerimientos. Al momento, añadió, existe un abastecimiento del 80 % del cuadro de medicamentos.
De su lado, la directora de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, María José Morales, explicó que a este organismo, a través de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA) no le corresponde regular el abastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales, sino certificar la calidad, seguridad y eficacia de estos productos.
Agregó que la ARCSA cumplió su rol en la suspensión de 742 registros sanitarios de la empresa Ginsberg Ecuador, como parte del proceso sancionatorio por incumplimiento, por lo cual esta empresa no puede comercializar ninguno de sus productos en el mercado ecuatoriano, ni a nivel público, ni tampoco en el ámbito privado.
Por último, Diego Benavides, director de Contratación Pública del Ministerio de Salud, defendió la contratación mediante régimen especial a través de las empresas públicas de las universidades, pues no existe ningún tipo de impedimento legal para que participen dichas empresas. Sobre los cuestionamientos del objeto social de las empresas públicas de las universidades que no contemplaría la provisión de medicamentos, el funcionario dijo que el objeto social es muy amplio y, por tanto, engloba esta actividad económica.
La Comisión de Fiscalización y Control Político retomará las comparecencias este jueves, 8 de diciembre, a partir de las 15h00.
EG/pv
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