El Pleno de la Asamblea Nacional debatió ampliamente el proyecto de Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que tiene como objetivo brindar protección y asistencia a quienes sean víctimas de estos delitos, a través del establecimiento de mecanismos, competencias y responsabilidades estatales.
El proyecto recibió observaciones de diversas bancadas, por lo que fue remitido a la Comisión de Relaciones Internacionales, que se encargará de preparar el texto definitivo para votación en el Pleno, en el plazo de ocho días, de conformidad con lo que establece el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El legislador Juan Fernando Flores, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, ponente y proponente del proyecto, señaló que las cifras son preocupantes, pues, se estima que 2,5 millones de personas han sido de víctimas de trata, la mayoría de casos son mujeres y niñas. El 70% terminan siendo explotadas sexualmente.
Indicó que después del narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes es la actividad ilegal que más dinero genera, por lo que es necesario encontrar una solución urgente. Formuló un llamado a los parlamentarios a luchar juntos contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
De inmediato, dio a conocer los avances que se incluyen en el informe para segundo debate, Entre otros aspectos, dijo que se fortalece la acción del Estado en la investigación y judicialización de los delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos, para lo que se determinan con claridad las competencias y responsabilidades de las instituciones estatales pertinentes.
Debate y comisiones generales
En el debate, los parlamentarios destacaron la importancia de crear una normativa con enfoque de derechos humanos, con acciones a favor de las víctimas, prevención y promoción de derechos, protección, asistencia, investigación y judicialización a favor de las víctimas de trata y tráfico de personas, que son dos delitos silenciosos graves.
Mencionaron que la trata y el tráfico ilícito de migrantes no solo afecta a nuestros conciudadanos, sino que es una problemática a nivel mundial, que se relaciona con una red delincuencial transnacional.
Dijeron que la seguridad es uno de los aspectos más importantes de todo ser humano, sin lo cual no se garantizan oportunidades para trabajar y emprender.
Consideraron oportuno incorporar en el documento las últimas recomendaciones del Parlatino que se desarrolló en Panamá sobre estos temas; analizar la pertinencia que la rectoría se mantenga en el Ministerio del Interior y no la Secretaría de Derechos Humanos; revisar el tema de sanciones y penas por estos delitos; e incluir reformas al Código de la Niñez sobre situación y migración irregular.
Previamente, el Pleno recibió en comisión general a Andrés De la Vega, representante del Proyecto "Aliados contra la Trata"; y, Jhon Games, subsecretario de Seguridad Pública, quienes señalaron que la trata y el tráfico de migrantes son fenómenos que hay que prevenirlos. Destacaron la importancia de que Ecuador cuente con una normativa que ampare, proteja, asista a las víctimas de estos delitos, a fin de garantizar sus derechos reconocidos en la Constitución y como lo establecen los organismos internacionales.
De la Vega dijo que la trata de personas es un fenómeno ligado a la seguridad ciudadana, por ello se deben prevenir los fenómenos que generan inseguridad, mientras que el Subsecretario de Seguridad Pública, mencionó que el tráfico ilícito de migrantes genera seis billones de dólares al año con 534 rutas a nivel mundial. No hay país que esté exento de la trata de personas, que puede representar 150 billones de dólares, convirtiéndola en la tercera economía criminal, al margen de la ley.
JLVN/pv
